Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, febrero 27, 2011

LOS SOCIALISTAS Y SU RESPONSABILIDAD EN LA CRISIS (Y III): PRESENTE EJERCICIO Y ÚLTIMOS COLETAZOS DEL PSOE

En pleno 2011, con los países de nuestro entorno abandonando la crisis y rumbo a mejores puertos, España continúa atascada. Si se crea empleo este año, va a ser en una cantidad ínfima, pareja, naturalmente, al escaso crecimiento. El paro registrado es hoy superior a los cuatro millones de personas. Los subsidios se agotarán. Serán las familias o la solidaridad entre individuos las que atenúen los efectos de este drama. Al mismo tiempo, de la economía sumergida deben de estar chupando muchos. La Seguridad Social, en 2010, no cubrió con las cotizaciones sociales de quienes tienen trabajo el gasto de las pensiones contributivas, aunque el conjunto de cotizaciones (105.682,7 millones) sí cubrió, con escaso margen, el conjunto de las prestaciones contributivas (105.444,7 millones). ¿Bastará para atajar este problema inminente la reciente reforma? En todo caso, los socialistas y sus tesis han fracasado. Y no son capaces de aplicar las recetas liberales con acierto, regularidad y coherencia.

Así, el economista Anselmo Calleja ha criticado la irrealidad dominante en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, que contienen una previsión de crecimiento (1,3%) que no es sino una "prevaricación estatal". Lo cual no extraña en unos PGE que "no responden a una política de Estado, pues son la primera parte de una estrategia dirigida a mantenerse en el poder en la próxima legislatura".

Es una broma de difícil digestión que Zapatero aún sonría después de su descafeinado pacto de las pensiones, flanqueado por los sindicalistas, otros que se opusieron cerrilmente a las reformas en defensa de sus cuotas de poder, no de los trabajadores. Ante el abismo de las encuestas, el Presidente ha reiterado la falsedad de que el PP no tiene ideas. No pretendo mostrar ninguna pasión por las propuestas de la oposición, pero las tiene: el Gobierno vetó sus enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y no se pudieron discutir en el Parlamento.

Además, a mí lo que me interesa es que las ideas las tenga Zapatero, que es el que gobierna. Él es el responsable. Debería dejar de descargar su responsabilidad en la oposición. En cuanto a la falta del diálogo con el PP, es, lisa y llanamente, otra mentira más. El PP ha apoyado al Gobierno, hasta ahora, en la reforma del sistema financiero. Mucho es. ¿Dónde está aquel Zapatero que aseguraba que su ideología le impedía pactar con Rajoy? ¿Y ahora este sectario viene suplicando pactos?

Aquí finaliza el itinerario, el iter criminis, dicho con más propiedad, que Zapatero ha recorrido en su lamentable gestión de la crisis. Y todavía no se atisba la luz al final del túnel.

Hasta el momento en que se decida a convocar las elecciones, le exijo a Zapatero que deje de estar pendiente de las encuestas. Es sumamente curioso que acusen al PP de tener sólo eso en la cabeza, cuando es Zapatero y los socialistas los primeros que parecen obsesionados y prisioneros de ellas, pues no dejan de comentarlas.

Estos artículos los inicié citando las preclaras palabras de José Blanco sobre Rajoy y Arenas, "incompatibles con la democracia", según él. Ayer, visiblemente sobrepasado, tildó a los miembros del PP de "frikis" y "anarcoides". Menos mal que no desempolvó el plumero de Rajoy, ese plumero que no es difícil que se le note al dirigente popular. Este nivel de tertulia de Telecinco. Valgan estos artículos como modesta contribución una derrota electoral sin paliativos del PSOE, que ya apesta.

domingo, febrero 20, 2011

LOS SOCIALISTAS Y SU RESPONSABILIDAD EN LA CRISIS (II): DE CÓMO SE PASÓ DE LA SALIDA SOCIAL A LA TIJERA GENERAL

Cuando Zapatero no tuvo otra salida que reconocer la existencia de la crisis, con el desempleo disparado y los ingresos públicos en caída libre, el Gobierno no hizo nada serio, aparte de gastar a espuertas, hasta que en mayo de 2010, obligado por presiones del exterior, se anunció el ajuste, una rectificación en toda regla que podría haberse evitado o atenuado de haber actuado el Gobierno desde un principio. Y entiendo por actuar no intentar capear el temporal, que es lo que hizo durante 2009, sino encarar la realidad. La situación, hoy, sería muy distinta si a finales de 2008 o principios de 2009 se hubiesen iniciado las reformas que se han ido sucediendo a trompicones.

No hubo austeridad en la Administración ni preocupación por el cariz que iba adquiriendo la senda de la Deuda pública. Los socialistas insultaban la inteligencia de los ciudadanos debatiendo sobre fantasías como la salida social de la crisis, la economía sostenible, el cambio de modelo productivo... Y ése fue el producto que vendieron en sus tenderetes hasta que se hizo inapelable la sentencia de Margaret Thatcher: "The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money".

La fiesta tocaba a su fin. Según Eurostat, en 2009 el déficit público de España fue del 11,2% y la ratio Deuda/PIB llegó al 53,2%. Hay que reconocer, con honestidad, que el déficit habría sido alto en todo caso en una situación de crisis debido a la caída de la recaudación fiscal, a los subsidios a los parados y a las medidas anticíclicas casi indispensables; pero, al mismo tiempo, no se puede obviar que se hicieron gastos equivocados y cuantiosos, que no se acompañaron de reformas estructurales y que el superávit anterior tenía que haber sido mayor de lo que era dada la bonanza económica, es decir, se gastó muy alegremente en los años previos a la crisis.

De cualquier modo, los datos apuntados empeoraron a comienzos de 2010. Así, en abril de ese año la agencia de calificación Standard & Poor’s rebajó el rating de la Deuda pública del Reino de España de AA+ a AA. Los mercados empezaban a inquietarse. Ante la amenaza real de que España entrara en quiebra y presionado por distintos mandatarios extranjeros, que consideraban que España era too big to fall, Zapatero preparó y anunció el ajuste, un recorte como nunca antes se había visto.

El corolario es que Zapatero jamás cambió de criterio o estrategia motivado por las circunstancias o por una mejor comprensión de los males de España, a pesar de lo que actualmente alegue en su defensa. Días antes de dar a conocer el ajuste negó, tras su reunión con Mariano Rajoy, que hiciera falta reducir el déficit. La única circunstancia que hizo cambiar de idea a Zapatero, renunciando así a sus supuestos principios socialistas, fue la necesidad pura y dura y su deseo de aferrarse al poder a toda costa. Carece de credibilidad que se produjese una evolución ideológica en el personaje en menos de una semana.

Todas las explicaciones que esgrimen ahora los socialistas, todas esas visiones de Zapatero como un hombre de Estado dispuesto a llevar a cabo reformas impopulares pero necesarias aun a costa de perder el poder o de contrariar a la opinión pública, no responden a la realidad de los hechos aquí desgranados. Un hombre de Estado se habría puesto manos a la obra en 2008. Un hombre con una pizca de honestidad intelectual y una mínima noción del interés general habría dimitido en 2010. Un hombre sin principios ni convicciones, un hombre que sólo quiere retener el poder, seguiría y sigue en el poder en 2011, diciendo una cosa y la contraria y en permanente huida hacia delante.

Las reformas que se han hecho o se están ultimando han ido, en general, en la buena dirección, pero son manifiestamente mejorables. La reforma del mercado de trabajo es nada con gaseosa. La reforma del sistema financiero, fundamental para restablecer el crédito que mueve la economía, ha estado plagada de rectificaciones y cambios que aún no han cesado. La reforma de las pensiones es insuficiente y, además, posiblemente había alternativas mejores. En lo tocante a la reducción del gasto, los recortes (y cierta ayuda coyuntural por la subida del IVA) han surtido efecto: el déficit ha disminuido. Ahora bien, es de escándalo la falta de resolución de Zapatero a la hora de limitar el endeudamiento de las Comunidades Autónomas. Atendiendo a las súplicas ridículas de Artur Mas, autorizando refinanciones unas veces sí y otras no, sin dejar claro si se puede emitir nueva deuda, no contribuye a poner seriedad y concierto en el Estado autonómico.

domingo, febrero 13, 2011

LOS SOCIALISTAS Y SU RESPONSABILIDAD EN LA CRISIS (I): NEGACIÓN DE LA EVIDENCIA

Los socialistas, aun con las encuestas en contra y el partido en descomposición, se resisten a caer, y van apuntando maneras que permiten prever cómo serán las próximas campañas electorales: Blanco ya ha advertido que Rajoy y Arenas son "incompatibles con la democracia". Regresa el cordón sanitario y el miedo a la derecha.

Frente a esta deriva y frente a los argumentos que presumiblemente utilizarán los socialistas, conviene recordar al Gobierno su responsabilidad en esta crisis de la que España sigue sin salir. Y hacerlo con firmeza para que no se envalentone, ni él ni el PSOE; para que todos y cada uno de sus miembros sientan el peso de más de cuatro millones de parados a quienes han defraudado con su incompetencia, su cobardía y su cortedad de miras.

El momento es el idóneo por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales y porque percibo una creciente debilidad en el mensaje del principal partido de la oposición, que debería recordar más a menudo cómo hemos llegado hasta aquí. No voy a ser nada original, el que presento a continuación es un recorrido que ha sido repetido en infinidad de ocasiones, sin duda, pero creo que es bueno volver sobre él una y otra vez con la finalidad de que los socialistas no consigan que la amnesia se instale en la opinión pública y eludan así el castigo que merecen en las urnas.

La crisis económica tuvo su origen en 2007, si bien es cierto que se agravó durante 2008. En otras ocasiones ya he explicado, dentro de mis limitaciones, sus causas y las posibles recetas para salir de ella. No entraré en eso esta vez. Pese a las señales de alarma, el Gobierno socialista negó con feroz contumacia que hubiese tal crisis o que, en su caso, España fuese a padecerla, engañando así a los ciudadanos y perdiendo un tiempo precioso para contrarrestarla de alguna forma.

No ha de borrarse de la memoria de nadie la imagen de Solbes en el debate con Manuel Pizarro. La imagen de ese Solbes tuerto y mentiroso, manipulando la realidad para ganas unas elecciones, define bien lo que es el PSOE actual: un partido de propagandistas, tal y como señalaba Aznar a principios de los años noventa: "Han llenado los Ministerios de asesores con cargo al erario público; han convertido a los mismos Ministerios en el principal anunciante de España, más que la primera empresa comercial, tratando de convencer al ciudadano con publicidad de aquello de lo que no le pueden convencer con los hechos" (Libertad y solidaridad, Planeta, 1991).

Abro un paréntesis. El FMI ha reconocido su propia incapacidad para anticipar la crisis y que confió en exceso en el sistema financiero. Y todo ello con Rodrigo Rato al frente. Huelga decir que Zapatero y sus mariachis --si es que le quedan-- van a escudarse en este parapeto. No obstante, no les exime de responsabilidad. Por un lado, porque el Gobierno no tenía por qué guiarse por las predicciones del FMI; además, hubo sobradas advertencias. Por otro, porque el FMI, en su informe interno, se refiere a la crisis generada entre 2004 y 2007, en tanto que Zapatero no usó la palabra maldita hasta el verano de 2008. A mediados de ese año la gravedad de la misma era ya incontestable, y por aquel entonces Zapatero sostenía que tal situación era "opinable y depende de lo que entendamos por crisis", al tiempo que aseguraba que "España tiene condiciones para ambicionar llegar a los niveles de empleo de la media europea y de pleno empleo técnico" y que el Gobierno era "el que más ha acertado en sus previsiones". Previsiones como las de crecimiento o creación de empleo continuamente --ayer y hoy-- refutadas por la cruda realidad.

A mi juicio, en la hipótesis de que a finales de 2007 todos los organismos mundiales y todos los expertos en economía hubiesen advertido expresamente a Zapatero de los riesgos, éste no habría hecho nada, excepto aferrarse todavía más a sus mentiras y falacias. Él trató de cortar la libre discusión desacreditando a quienes hablaban de la crisis. Por eso, se ajusta a la descripción que traza John Stuart Mill en el ensayo Sobre la libertad (1859) de ciertas personas que no sacan conclusiones acerca de su propia falibilidad: "Los príncipes absolutos, u otras personas acostumbradas a una deferencia ilimitada, se resienten generalmente de este exceso de confianza en sus propias opiniones sobre cualquier asunto".

domingo, febrero 06, 2011

EL MATRIMONIO CANÓNICO EN EL SISTEMA MATRIMONIAL ESPAÑOL

Ya está en vías de publicación un libro homenaje dedicado al insigne jurista Rafael Navarro-Valls, que frisa los 71 años. Es seguro que dicho libro incluirá estudios muy brillantes y enjundiosos, la mayoría sobre Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado. Es lo que merece la dilatada trayectoria del homenajeado.

A modo de reconocimiento personal a este maestro, expondré aquí un tema subyacente al sistema matrimonial español que generó debate tiempo atrás. Evidentemente, será un acercamiento más bien superficial, un esbozo, pero pienso que igualmente interesante, ya que pone de relieve que en Derecho casi siempre hay varias interpretaciones posibles y que todas ellas son defendibles con argumentos convincentes.

Independientemente de los vaivenes históricos que ha experimentado el matrimonio en España, la Constitución de 1978 es el punto de partida del actual sistema matrimonial. Son artículos esenciales el 14 (principio de igualdad), el 16 (libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado) y el 32 (derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica). Este último precepto, que ordena al legislador ordinario regular las "formas del matrimonio", contenía, in nuce, las bases para la división de opiniones sobre si en España existe un sistema de elección de tipos de matrimonio, o bien uno de elección de formas.

En efecto, a la vista del artículo 32 se presentaba la duda de si el constituyente había querido establecer un sistema de reconocimiento formal del matrimonio religioso o si, en cambio, era lícito pensar en un reconocimiento institucional, esto es, sobre el fondo y la forma.

Como era lógico y necesario, el citado artículo dio lugar a una profunda reforma del Código Civil en materia matrimonial (Ley 30/1981, de 7 de julio), reforma que debe ponerse en conexión con un texto legal anterior, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, que instauró el matrimonio religioso en la España constitucional, lo que tuvo su reflejo en la reforma del Código Civil.

El artículo VI, apartado primero, de este Acuerdo proclama que el Estado "reconoce los efectos civiles del matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico", añadiendo que tales efectos "se producen desde su celebración" y que para "el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria la inscripción en el Registro Civil, que se practicará con la simple certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio". Hasta aquí la regulación de algo evidente: en España se puede contraer matrimonio canónicamente.

De nuevo, pues, aparece la pregunta ya enunciada. Como he apuntado antes, la respuesta puede ser bien un reconocimiento institucional del matrimonio canónico, bien un reconocimiento meramente formal. Lo primero supone la convivencia de dos matrimonios en el ordenamiento jurídico español, el civil y el canónico. Lo segundo entraña que hay un único matrimonio, el civil, que se puede celebrar en forma religiosa.

Un sector de la doctrina (Díez-Picazo, Llamazares, Souto Paz) sostuvo una interpretación literal de lo que eran "formas del matrimonio", abonando la tesis del reconocimiento formal. Por tanto, la referencia al "matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico" ha de entenderse, necesariamente, como el consentimiento matrimonial prestado en forma canónica, nada más. El artículo 60 del Código Civil dice así: "El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de las formas religiosas previstas en el artículo anterior produce efectos civiles". Según su interpretación de este precepto, el matrimonio celebrado con arreglo a las normas canónicas es igual al celebrado en la forma religiosa de una confesión religiosa inscrita. Interpretación que quedaría reforzada por el hecho de que el artículo 60 está dentro de una sección sobre "forma religiosa" y por el tenor literal del artículo 59, que establece que el consentimiento matrimonial "podrá prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de éste". En este artículo solamente se habla de formas de prestar el consentimiento.

En resumen, al modo de ver de este sector, habría un único matrimonio, aunque sea posible contraerlo en forma religiosa. Las normas del Derecho Canónico, obviamente, habrá que respetarlas no sólo en cuanto a la forma jurídica, sino también en cuanto a los demás aspectos sustanciales, pero al Derecho Civil eso le es indiferente.

Opiniones bien distintas se aportaron desde otro sector de la doctrina (Navarro Valls, Ferrer Ortiz, Albaladejo), sector que se inclinaba por una interpretación histórica del artículo 32 del texto constitucional, de suerte que la expresión "formas del matrimonio" implica posibilidad de reconocimiento institucional, ya que así se desprendía de la redacción originaria del artículo 42 CC.

La consecuencia es que se reconoce eficacia civil al matrimonio canónico regulado en sus aspectos sustantivos por el Derecho Canónico. Hay más argumentos. Si el reconocimiento fuese meramente formal, no tendría sentido el artículo VI, apartado segundo, del Acuerdo (reconocimiento en el orden civil de sentencias de nulidad dictadas por tribunales eclesiásticos): de ser así, tan sólo contaría, respecto a los aspectos sustantivos, la legislación civil, no siendo necesario reconocer efectos a las resoluciones de los tribunales eclesiásticos, sustentadas en el Código de Derecho Canónico.

Por su parte, es verdad que las confesiones religiosas inscritas sólo gozan de un reconocimiento formal del matrimonio: se permite la manifestación del consentimiento en forma religiosa, cumpliendo sus ritos, pero los aspectos sustantivos se regulan en el Código Civil. Es, en rigor, un matrimonio civil en el fondo y religioso en la forma.

De acuerdo con las tesis de esta posición, el artículo 59 CC no alude a la Iglesia Católica, que no necesita estar inscrita en el Registro de Entidades Religiosas porque su personalidad jurídica está reconocida en el artículo 16.3 CE. Y una recta interpretación del artículo 60 CC conduce a apreciar una distinción entre el matrimonio canónico, que se celebrará según las normas del Derecho Canónico, y el de las confesiones minoritarias, para las que sólo se prevé la manifestación del consentimiento en forma religiosa.

A fortiori, no hay un paralelo del artículo 80 CC (recoge el texto del Acuerdo sobre reconocimiento de resoluciones eclesiásticas) que extienda la posibilidad que contempla a los matrimonios de las minorías religiosas, otra diferencia más que se opone a que se equipare estos últimos con el matrimonio canónico.

Contra lo antedicho se podría esgrimir el artículo 85 CC. Como prevé el divorcio como causa de disolución del matrimonio, no respeta la configuración institucional del matrimonio canónico –indisoluble--. Ahora bien, para la doctrina que defiende el reconocimiento institucional esto únicamente significa que ese matrimonio podrá ser disuelto a efectos civiles, pero el vínculo pervivirá a ojos del Derecho Canónico.

Básicamente, han quedado retratadas las dos posturas. Si desean profundizar más, hay que decir que el propio Navarro-Valls se ha ocupado de este asunto en diversos trabajos. Cito dos: "El sistema matrimonial español y la Constitución de 1978" (Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1979, pp. 111-143) y "La posición jurídica del matrimonio canónico en la Ley de 7 de julio de 1981" (Revista de Derecho privado, año nº 66, 1982, pp. 665-709).