Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, mayo 29, 2011

EL LABERINTO DEL PSOE Y DE LAS ELECCIONES ANTICIPADAS

Los ciudadanos le han dado su merecido. El PSOE ha sufrido una derrota sin paliativos en las elecciones del pasado domingo: ha perdido votos y, sobre todo, feudos. Ellos mismos se han asustado, como prueban sus risibles debates existencialistas. Es un barco que se hunde, una empresa en liquidación. El problema es que se trata del partido que sostiene al Gobierno.

Varios aspectos merecen atención. El primero es el interno, pues en el PSOE se ha desatado una breve pero intensa lucha intestina que ha culminado con unas elecciones primarias a medida de Rubalcaba, o sea, sin contendiente. Ésta es la democracia interna que tanto tiempo lleva vendiendo Zapatero: una farsa pilotada por el aparato del partido. En todo caso, es posible que el experimentado y retorcido Rubalcaba sea el que más maniobras oscuras y trampas contra la derecha pueda realizar de aquí hasta el momento de las elecciones, pero no deja de ser un candidato con muchas debilidades. Es viejo, un producto ya muy remendado y reciclado, con demasiados puntos oscuros en su expediente. Sólo hace falta tirar de hemeroteca para dejarle en evidencia. Y, a pesar de la leyenda que están tratando de labrarle los socialistas, ni siquiera es un buen orador.

De ninguna manera apoyo, a pesar de lo dicho, a Chacón, la de las chuletas. Toda broma tiene un límite. Lo mejor que pueden hacer quienes consideran que ha obtenido una victoria moral o es que renovaría al PSOE es leer su discurso del otro día, en el que renunciaba a algo a lo que, en realidad, ni se había presentado. Es un discurso tan inconsistente que provoca grima.

El segundo aspecto es externo. El Gobierno socialista, tras el veredicto del domingo, ha visto acelerada su putrefacción, le guste o no a Zapatero, que vive fuera de la realidad. Todo gira alrededor de la necesidad o no de convocar elecciones anticipadas, que se celebrarían en otoño y acabarían con la agonía de Zapatero.

No negaré que el proceso electoral, desde la disolución de las Cámaras y convocatoria de elecciones hasta que se invistiera a un nuevo Presidente del Gobierno --presumiblemente, Mariano Rajoy--, implica una parálisis institucional considerable y que toda la atención del país se centre en los comicios y no en salir de la crisis. Es el principal argumento que esgrime Zapatero para aferrarse al poder hasta 2012. Por su propia voluntad, él no va a renunciar a nada. Se ha convencido de que su última misión al frente del Gobierno le redimirá y de que tiene que resistir como sea, inmolarse frente a la opinión pública con reformas impopulares como si fuese un estadista. Y quizá también piense --y, con él, parte del PSOE-- que aún cabe la posibilidad de una cierta recuperación el año que viene que mejore sus expectativas electorales.

La visión de Zapatero llevando a cabo reformas contra viento y marea, sacrificándose por España, dejando de lado intereses partidistas, sería hasta romántica de ser cierta. Zapatero no cesa de decir que está adoptando medidas, que es su responsabilidad... ¿Pero de verdad es así? ¿Qué reformas? La mayoría de proyectos avanzan lentamente o están en el aire. Se habla de una reforma de la reforma laboral. Lo de las cajas sigue como sigue, años después. Y, aunque se está luchando contra el déficit y hubo recortes, el Gobierno teme los excesos que pueden aflorar ahora en entidades locales y Comunidades Autónomas, excesos que comprometerían la solvencia del conjunto. Así pues, el argumento de las reformas que no pueden esperar se desmorona. Zapatero no está haciendo nada. Quiere conservar el poder el mayor tiempo posible únicamente por el mero hecho de conservarlo.

Pero, suponiendo que Zapatero ejerciera el poder y no se limitara a aferrarlo, hay que reparar en su situación. Como gobernante, está totalmente desacreditado y devaluado. Ahora, además, se va a producir una dicotomía en su propio partido. ¿Va a continuar Rubalcaba en el Gobierno, o mejor dicho, va a respaldar, ya como candidato, todo lo que haga Zapatero? Finalmente, el Gobierno está a merced de los nacionalistas en el Parlamento, grupos que dudo mucho vayan a pensar en este interés de España que invoca Zapatero a la hora de negociar apoyos.

No parece, pues, viable ese deseo de Zapatero de aguantar por el bien de España. Las elecciones anticipadas también tienen su coste, pero el beneficio, a la larga, sería mayor. Si de verdad Zapatero estuviese haciendo lo que dice hacer, si de verdad España estuviera saliendo de la crisis gracias a su empuje, sería aceptable esperar hasta 2012. Pero no es así.

Y no es que piense en Rajoy como panacea. A fuerza de buscarlo, el líder de la oposición no me genera más que indiferencia e incluso escepticismo. Por muy bien que le haya ido escondiéndose de los periodistas y de las ruedas de prensa con preguntas, es un efecto momentáneo. Al final la gente acabará criticando su cobardía y vacilaciones, pues, después de todo, se supone que va a gobernar un país, lo que no puede hacerse sobre la base de pasar de puntillas por temas espinosos y guardar los problemas en un cajón.

Dicho esto, aún no ha tenido su oportunidad y eso le concede el beneficio de la duda. Si alcanza el poder y es capaz de rodearse de un buen equipo, dispuesto a renovar España de arriba abajo, me habrá convencido.

domingo, mayo 22, 2011

BRINDIS AL SOL

Puedo comprender a los jóvenes --y no tan jóvenes-- concentrados en la Puerta del Sol y en otras partes de España. La crisis ha aplastado sin conmiseración muchas esperanzas, el paro sigue creciendo, la recuperación no arranca... Y, además, las únicas respuestas provienen de unos partidos políticos mediocres y desacreditados. La última campaña electoral, de encefalograma plano, abona mis palabras. No hay demasiadas expectativas. Todavía sostengo que la única a la que salvo plenamente de la quema es a Esperanza Aguirre.

Así como comprendo lo que está pasando, rechazo la democracia tildada de real y las propuestas que se están formulando. Como muy certeramente ha observado Arcadi Espada, democracia real es “como los jovenzuelos de corazón o de cerebro llaman ahora a la antigua democracia popular de los comunistas, oponiendo la democracia real a lo que despectivamente califican de democracia formal”.

Por otra parte, no es lícito concluir sin más que toda la virtud reside fuera de los partidos políticos, lo mismo que no me vale esa especial valoración que se hace de la juventud en general. Habrá buenos, malos y peores. Se asiste a un desfile de visiones simplistas y críticas fáciles que desembocan en unas propuestas incompatibles con un Estado limitado y controlado, con la libertad individual y con la libertad de mercado.

En efecto, los ridículamente llamados indignados hablan de más gasto público, de subir los impuestos, de controlar o nacionalizar los bancos, de prohibir el despido en empresas que obtengan beneficios... Por ignorancia inexcusable o mala fe, hablan de todo ello como si nada de eso existiera o se hubiese practicado ya y como si no fueran recetas que han fracasado rotundamente allí donde se han aplicado.

Todo huele a rancio, pues, en el fondo, es un movimiento reaccionario y de rasgos totalitarios. ¡Nada de exigir menos intromisión del Estado y unos impuestos y regulaciones que no ahoguen la iniciativa privada! Al contrario, reclaman un Estado despótico. Federico Jiménez Losantos ha advertido que, para llevar a cabo tal programa, habría que instaurar poco menos que una dictadura comunista.

La voluntad del individuo no puede quedar desplazada por la de una asamblea de iluminados sin nombre y, por ende, sin responsabilidad. Este modelo no ha de ser consentido. En este sentido, la democracia representativa no tiene alternativa. Distinto es que se articulen nuevos mecanismos de participación y control.

El núcleo duro del movimiento se nutre de la egolatría de la generación mejor preparada de todos los tiempos, esa falacia que ya fue objeto de crítica aquí. Ellos lo quieren todo y lo quieren ahora, y para ello luchan no por ganarse la vida con sus propios medios, sino por que todo lo resuelva el Estado. Si el Estado te regala un piso y te pone un pesebre, si el Estado sólo se preocupa de los derechos del colectivo, al final el sujeto no es más que un esclavo.

Obviamente, mucha gente ve con simpatía las protestas sin ser necesariamente radical o de extrema izquierda. El hartazgo generalizado, sumado al carácter pacífico y festivo de las motivaciones, ha despertado una cierta simpatía por los indignados. Por suerte, esta simpatía no durará mucho.

Los partidos progresistas, como era de prever, ha intentado apropiarse del espíritu de las protestas. Para empezar, las propuestas de la Puerta del Sol son, sin muchos matices, las de IU. En cuanto al PSOE, iba a perder estas elecciones de todas maneras, así que mejor que se repartan culpas y se acuse al sistema de ser responsable de todos los males en vez de al Gobierno socialista. Pero conviene recordar que, según lo proclamado y afirmado por Zapatero recientemente, los acampados en la Puerta del Sol son unos “bellacos” por decir que ha habido recortes sociales.

Todo este movimiento se disolverá cual azucarillo en el café. Tras haber repudiado de plano sus ideas, el único efecto beneficioso que encuentro es que puede haber servido como severo toque de atención a los políticos para que, a partir de ahora, sean más íntegros, revisen sus programas y comprendan que no van a convencer con el mercado de baratillo que han desplegado ante el público.

Functus officio, que los indignados sigan indignándose y brindando al sol, que no en la Puerta del Sol, donde les queda (espero) poco tiempo.

domingo, mayo 15, 2011

BREVE INTRODUCCIÓN AL CONCURSO DE ACREEDORES

El Derecho Concursal es un sector del Derecho Mercantil que tiene por objeto la crisis económica de la empresa o, en otras palabras, el fracaso del empresario en su actividad (actualmente, el concurso se aplica igualmente a deudores civiles). En esta hipótesis, el empresario acumulará una serie de deudas que, en virtud de la responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 del Código Civil), sus acreedores podrán exigirle pagar forzosamente. Pero pueden surgir dificultades si el deudor es insolvente y existe una pluralidad de acreedores. Estos dos son los elementos que están en la base del concurso.

Si, como se acaba de apuntar, el concurso procede ante la crisis económica del empresario, no debe sorprender que su utilización se haya disparado en los últimos tiempos al calor de la crisis económica generalizada, crisis que tuvo su origen en 2007, se agravó en 2008 y, hasta ahora, ha tenido como años más duros 2009 y 2010. Debido a esta coyuntura y para luchar contra ella, se dictó el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Tributaria, Financiera y Concursal. Mediante el mismo se dio entrada a importantes reformas en esta materia, siendo consciente el legislador de que el concurso de acreedores es un instrumento enderezado al buen funcionamiento de la economía.

Desde el inicio de la crisis, muchas empresas se han visto obligadas a recurrir a esta salida. Así, según el diario económico Cinco días (05/01/2011), en 2010 el número de concursos fue superior a 5.400, un incremento del 7% respecto a 2009.

La históricamente denominada quiebra (ahora ha desaparecido ese nombre, pero antiguamente los deudores civiles insolventes debían acogerse al concurso de acreedores, reservándose la quiebra para los empresarios) es un procedimiento de ejecución universal del patrimonio de un empresario insolvente. Con la ejecución colectiva, se busca evitar que unos acreedores puedan aprovecharse de otros --por ser más diligentes o estar más próximos al deudor--, instaurándose una comunidad de pérdidas y un trato de igualdad entre todos (par conditio creditorum).

Estas instituciones han experimentado una larga evolución: desde la brutalidad del Derecho Romano, que permitía la venta trans Tiberim del deudor insolvente (enajenación al otro lado de las fronteras), pasando por la prisión por deudas --en régimen de a pan y agua--, hasta la actualidad, cuando ya únicamente es posible agredir el patrimonio del deudor, no su persona.

En el ordenamiento jurídico español la trayectoria de la quiebra no siempre ha tenido resultados satisfactorios, en la medida en que la regulación llegó a ser poco coordinada, dispersa y confusa. Baste señalar a este respecto que las normas sustantivas de la quiebra se recogían en el Código de Comercio de 1885, mientras que de los aspectos procesales se ocupaba la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, a la vez que permanecían en vigor preceptos del Código de Comercio de 1829 a los que se remitía la LEC. Y a todo ello hubo que sumar la Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, que, siendo una norma ad hoc, esto es, dictada para resolver un caso concreto, y supuestamente provisional, se convirtió en piedra angular de todo el Derecho Concursal.

Por fin, después de diversos intentos de reformas, este desordenado panorama legislativo cambió con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una ley bien elaborada y avanzada que, según su Exposición de Motivos, responde a los principios de unidad legal, de disciplina y de procedimiento. Unidad legal significa que en un mismo texto legal se regulan tanto los aspectos sustantivos como los aspectos procesales del procedimiento concursal. A continuación, la unidad de disciplina viene a implantar un solo procedimiento concursal (concurso de acreedores) para todo tipo de deudores, sean empresarios o no, sin perjuicio de que la LCon conecta muchos de sus preceptos con la condición de empresario del deudor, ya que la mayoría de concursos recaen sobre empresarios y, en especial, sobre sociedades mercantiles. Por último, la unidad de procedimiento justifica la unidad de presupuesto objetivo: la insolvencia del deudor.

En relación con la solicitud de concurso, que se insta ante los Juzgados de lo Mercantil (órganos especiales del orden jurisdiccional civil), lo primero es señalar que pueden ser declarados en concurso tanto personas físicas como jurídicas, sean o no empresarios, en virtud de la unidad de disciplina (art. 1.1).

Habrá concurso voluntario cuando sea instado por el propio deudor, debiendo alegar y probar su estado de insolvencia actual, o bien su insolvencia inminente. La insolvencia, ya se ha dicho, es el presupuesto objetivo del concurso. La insolvencia actual es la imposibilidad del deudor de cumplir regularmente, de modo normal, sus obligaciones exigibles. Al ser un estado, presupone una cierta continuidad. Suele venir asociada a la iliquidez, de suerte que es perfectamente posible que un deudor sea insolvente a pesar de contar con un abultado patrimonio, siempre que no pueda dar salida a éste (propiedades que no puede vender, clientes que no le pagan...). Respecto a la insolvencia inminente, se encontrará en ese estado “el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones” (art. 2.3).

Por el contrario, habrá concurso necesario cuando sea incoado por cualquiera de los acreedores, debiendo alegar y probar no la insolvencia, sino alguno de los hechos reveladores de la misma enumerados por la LCon en su art. 2.4. El deudor podrá oponerse a la declaración de concurso demostrando que, en verdad, no se da el hecho o que, habiéndose producido, no se debe a que él sea insolvente, sino a otras causas (art. 18.2). Los hechos del art. 2.4 son, a modo de ejemplo, el “alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor” o el incumplimiento generalizado de ciertas obligaciones, como pago de obligaciones tributarias o de cuotas de la Seguridad Social durante los tres meses anteriores a la petición de concurso. En síntesis, estos hechos hacen presumir --salvo prueba en contrario-- la insolvencia.

Aunque se denomina voluntario al concurso que pide el deudor, realmente está obligado a solicitarlo “dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia” (art. 5.1). Se presume que lo conocía cuando se hubiera verificado alguno de los hechos externos ya mencionados (art. 5.2). De nuevo, es una presunción iuris tantum. Este deber tiene una excepción introducida por el RDL 3/2009, según el cual no es exigible al deudor que, aun estando en insolvencia, esté en negociaciones con sus acreedores para que se adhieran a una propuesta anticipada de convenio.

El incumplimiento de este deber lleva aparejadas importantes sanciones para el deudor. La más dura consiste en que, en caso de formarse pieza de calificación, implica presunción de dolo o culpa en la causación o agravamiento de la insolvencia (art. 165.1), por lo que si el concurso es declarado culpable podrá ser castigado con alguna de las consecuencias previstas en el art. 172.2.

La Ley dedica el artículo 6 a la solicitud de concurso por parte del deudor, que no puede reducirse a una mera declaración, pues ha de aportar una serie de documentos (por ejemplo, inventario de bienes y derechos, relación de acreedores); y el artículo 7 regula la solicitud de concurso presentada por un acreedor y la de “los demás legitimados”.

El juez competente decidirá sobre la pertinencia de la solicitud sobre la base del presupuesto objetivo (sea insolvencia actual, inminente o cualificada). Y, si lo aprecia, dictará auto (art. 21) declarando el concurso (arts. 14, 15 y 20). A instancia de parte, podrá acordar medidas cautelares para asegurar la integridad del patrimonio del deudor entre el momento de la solicitud y el de la declaración (art. 17).

El procedimiento que se inicia con la declaración se divide en seis secciones (art. 183 LCon), si bien no todas tienen por qué abrirse. Existe un procedimiento abreviado reglado en los artículos 190 y 191 para pequeñas empresas, que son las autorizadas a presentar balance abreviado y cuyo pasivo, inicialmente, no supere los diez millones de euros (el anterior límite cuantitativo era sólo de un millón de euros, pero fue ampliado por el RDL 3/2009). Sus efectos son una reducción a la mitad de los plazos, a no ser que el juez disponga otra cosa, y una administración concursal unipersonal, medida pensada para agilizar las cosas y reducir costes, toda vez que sólo habrá que retribuir a un administrador en lugar de a tres, que es lo normal.

Uno de los pronunciamientos inexcusables del auto es el referido al nombramiento y facultades de la administración concursal (art. 21.1.2.º), el otro órgano necesario –junto con el juez-- del concurso (arts. 26 a 39). Es un órgano colegiado, normalmente formado por tres especialistas (con arreglo al art. 27.1, un abogado con experiencia de, al menos, cinco años; un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiados, con idéntica experiencia; y un acreedor titular de un crédito ordinario o con privilegio general no garantizado, quien podrá designar, si él no lo es, a un profesional de los descritos) sometidos a un riguroso régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones (art. 28).

La tarea más importante de las muchas encomendadas a la administración es emitir el informe central del concurso (arts. 74 y 75). Para cumplir este deber, se le impone un plazo de presentación de dos meses, “contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación de dos de ellos”, aunque pueda ser prorrogado por el juez por tiempo no superior a un mes (art. 74.1 y 2). Este informe es vital para el procedimiento: entre otras cosas, gracias a él podrán valorar adecuadamente los acreedores qué solución para el concurso les interesa más.

El informe cierra la fase común del procedimiento. A partir de ahí, podrá procederse por el juez a la apertura de la fase de convenio (arts. 109 y siguientes) o a la apertura de la fase de liquidación (arts. 142 y siguientes). Convenio y liquidación son las dos posibles soluciones al concurso. El convenio, ya sea de quita, de espera o mixto, es el final que fomenta la LCon como manifestación de la idea rectora de la conservación de la empresa. La liquidación, en cambio, implica la extinción de la empresa una vez realizados los bienes y derechos del deudor y entregados, siguiendo un orden de pago en función de la clase de crédito de que sean titulares, a los acreedores. A pesar de las buenas intenciones del legislador, la inmensa mayoría de concursos terminan con liquidación.

La declaración de concurso despliega unos efectos sobre el patrimonio del deudor que hay que examinar. En caso de concurso voluntario, el deudor conserva sus facultades de administración y disposición, si bien quedará sometido a la intervención de la administración concursal, es decir, ésta tendrá que autorizar o confirmar sus actos (art. 40.1). Cuando hay concurso necesario, las facultades de administración y disposición quedan suspendidas y pasan a ser ejercidas por la administración (art. 40.2). En cualquier caso, el juez, según expresa el artículo 40.3, “podrá acordar la suspensión en caso de concurso voluntario o la mera intervención cuando se trate de concurso necesario”. Y, además, el concurso “no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor” (art. 44.1).

También cabe que, a consecuencia del concurso, se limiten ciertos derechos fundamentales del concursado (libertad, libre circulación y residencia, inviolabilidad del domicilio y secreto de comunicaciones). Para la adopción de medidas que restrinjan derechos fundamentales, la LCon, en su art. 41, se remite a la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal.

Naturalmente, la piedra angular de todo el procedimiento es la determinación de la masa activa del deudor, esto es, concretar con seguridad qué bienes van a poder destinarse a pagar a los acreedores, que integran la masa pasiva. Así, el informe de la administración concursal ha de acompañarse de inventario de la masa activa y de la lista de acreedores (art. 75.2), por lo que son tareas que se realizan durante la fase común.

La determinación de la masa activa del concurso, basada en el principio de universalidad (arts. 1911 CC y 76 LCon), exige que se lleven a cabo las operaciones de reintegración y de separación de la masa. Las primeras pretenden que vuelvan al patrimonio del deudor bienes que nunca debieron salir de él (arts. 71 a 73). Mediante las segundas, se busca sacar de ese patrimonio bienes que no pertenecen al deudor (arts. 81 y 82).

Es indispensable, en este punto, hacer alusión a las acciones de reintegración recogidas en el artículo 71, cuya finalidad es que se declare la ineficacia de los actos perjudiciales para la masa activa que haya podido efectuar el deudor. Son acciones rescisorias --una derivación especializada de la acción pauliana del artículo 1111 CC-- que pueden ejercitarse respecto de actos realizados por el deudor y lesivos para la masa activa “dentro de los años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta” (art. 71.1). Aunque la LCon no define lo que es un perjuicio patrimonial, se establecen unas presunciones iuris et de iure –no admiten prueba en contrario-- e iuris tantum –admiten prueba en contrario— que permiten concluir que lo hubo de apreciarse ciertos supuestos de hecho (art. 71.2 y 3). En los demás casos, “el perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria” (art. 71.4). Y, en fin, el artículo 71.5 previene que no podrán ser objeto de rescisión los actos ordinarios de la actividad del deudor realizados en condiciones normales.

Si recae sentencia estimando la acción, “declarará la ineficacia del acto impugnado y condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquél, con sus frutos e intereses” (art. 73). En estos tiempos de crisis, en los que muchas empresas son susceptibles de entrar en concurso, en cualquier operación importante se suele prestar bastante atención al hipotético ejercicio de estas acciones rescisorias, buscando blindarse frente a ellas (repárese en que si una sociedad adquiere de otra una determinada empresa que funciona muy bien y, poco tiempo después, la sociedad vendedora es declarada en concurso, la operación podría cuestionarse por esta vía). Es más, el RDL 3/2009 ha insertado en la LCon una disposición adicional cuarta que intenta facilitar la refinanciación de empresas en dificultades financieras blindando los acuerdos que puedan alcanzarse en este sentido, ya que, junto con “los negocios, actos y pagos realizados y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos”, no estarán sujetos a la rescisión contemplada en el art. 71.1.

domingo, mayo 08, 2011

UNA VEZ MÁS, CON ESPERANZA

Me aburren las campañas electorales, puro derroche de recursos y propaganda que, aun siendo necesario para captar el voto y animar a la gente a participar, en España se reduce a una variopinta colección de consignas, insultos, vacuidades y desprecio a la inteligencia de los ciudadanos; campañas incapaces, en suma, de generar ilusión o de dar a conocer, con seriedad, el programa de un partido político.

Los mítines los aborrezco. Son un espectáculo de masas en el que predominan los mensajes baratos lanzados al voto cautivo. Tan sólo salvaría de estas campañas las entrevistas y los debates televisados, pues son ámbitos en los que el político puede verse en apuros y, por ende, donde puede demostrar su valía. Ir a un centro de convenciones a pronunciar un discurso demencial sazonado con cuatro gritos, como hace Zapatero, es relativamente fácil, y más sabiendo que el público va a aplaudir aunque insultes a su madre. No lo es tanto defenderse de las preguntas incisivas de un periodista o del rival de turno.

Esperanza Aguirre se enfrentará esta noche en un debate al aspirante socialista Tomás Gómez. Aunque en España estos debates son muy rígidos y medidos, y no suelen dar lugar a un verdadero intercambio dialéctico más allá de los guiones aprendidos, siempre es un placer ver a Aguirre, la única política, a estas alturas, que me convence plenamente y que apoyo sin reservas. A diferencia de Rajoy, acobardado y taimado, ella no rehuye las cuestiones incómodas, esos “asuntos en los que no voy a entrar”, y tiene siempre el verbo afilado, la mente ágil y los argumentos prestos a combatir la propaganda socialista.

Madrid, indudablemente, ha sufrido los efectos de la crisis. Pero ha aguantado mejor que otras regiones. Aquí hay menos paro y más tráfico comercial, y parte de esta prosperidad hay que agradecérsela a Esperanza Aguirre y sus políticas de corte liberal. La Comunidad de Madrid puede prometer –y es viable— el déficit cero en 2012. Otras regiones, como Cataluña, están lejos de esa estabilidad y se ven obligadas a tapar cifras, negociar y suplicar al Gobierno central.

Tomas Gómez no aporta nada nuevo. Su programa es un surtido poco lúcido de ideas a medio camino entre el intervencionismo y la demagogia, control económico puro y duro cuya mera enumeración causa pereza: creación de un banco público para financiar a “los emprendedores”, gravar a las entidades financieras con un nuevo tributo... El verdadero contenido de su campaña no es exponer tan peregrino programa, sino denostar a Aguirre esgrimiendo la vieja apelación socialista de que hay que tener miedo a la derecha porque es muy mala y quiere privatizar, favorecer a los ricos, maltratar al pobre...

Nihil novum sub sole. Desde hace años vienen insistiendo socialistas y sindicatos en que la sanidad madrileña iba a ser perversamente privatizada por Aguirre y que en lo que eran hospitales públicos habría que entrar con tarjeta de crédito. Pues bien, no conozco ni un solo caso de alguien que al acudir a la sanidad pública en estos largos años haya tenido que sacar la tarjeta de crédito. Y su calidad es incuestionable: la propia Aguirre eligió un hospital público para operarse de su cáncer de mama. El corolario de lo anterior es que los socialistas y sindicatos han mentido a los ciudadanos y deberían disculparse y hacer propósito de enmienda.

En cualquier caso, lo que para alguien indeciso y permeable a esta propaganda podía ser creíble en 2004 o 2005 no puede seguir siéndolo en 2011. “Queda poco tiempo para que se privatice...”, anuncian, en tono tremendista, las cuñas de radio socialistas. Aguirre lleva gobernando en Madrid desde 2003. Mucho está tardando la bruja mala en llevar a la práctica su desalmado plan, nada menos que ocho años para empezar a privatizar. Creo que Felipe González fue más rápido, y en este lapso temporal (2003-2011) ha habido ocasión para que hasta el mismísimo Zapatero congele y baje el sueldo a los funcionarios, recorte sus queridas políticas sociales, etc...

Como nota dedicada al humor, hay que echar un vistazo a la carta que envía el PSOE pidiendo el voto. Sale en ella un Tomás Gómez con la mirada puesta en lo alto y en el infinito, los labios prietos, el rostro arrebatado. Sería casi una estampa romántica de no ser por lo cutre del texto: “El presidente de la gente común”. Bien empezamos. En la otra cara está la carta en sí, en la que Gómez habla de un Gobierno que “actúe para todos y todas” y de “privilegiados” que desmantelan los servicios públicos, dejando en la intemperie a los necesitados. En fin, bazofia sin fin en una redacción pedregosa y vergonzante.

Lo más divertido llega al final. Gómez, lloriqueando como buen socialdemócrata, se compromete a gobernar “de tu mano”. No he leído cursilería igual. A renglón seguido, en una frase doblemente incomprensible --por cuanto está mal puntuada y es falsa en su premisa mayor--, se lamenta de no poseer “grandes medios para comunicar contigo, te invito si quieres conocer en detalle mis propuestas, mi compromiso a contactar conmigo a través de tfno 902 550 255 [...]”. Infinitamente ridículo y, además, mal escrito. Por lo demás, debe de ser una juerga charlar con Tomás Gómez de sus “propuestas”.

Dicen que Gómez tiene el doble mérito de haber desafiado a Zapatero ganando unas primarias. Las primarias estarán bien para los militantes del partido, pero a mí me importa un bledo todas esa parafernalia democrática en la que los dos candidatos, la señorita Trini y Gómez, no debatieron sobre nada, pues sólo fue un choque de personalidades. La verdad más exacta acerca de Gómez es que ha renunciado a su único rasgo distintivo y personal, sus patillas, en pro de la propaganda y la imagen.

Esta noche comprobará cómo todo ese maquillaje no vale de nada ante una inmensa Esperanza Aguirre que ya es lo único que merece la pena de su partido.

domingo, mayo 01, 2011

EL TELEGRAMA DE EMS (Y II)

El 13 de julio, el embajador pide entrevistarse con el Rey, pero éste ya ha salido de su residencia. Ems es una villa pequeña y se produce un encuentro entre ambos. Es el Rey quien se dirige al embajador --y no al revés-- en tono amistoso. Por fin parece terminada la controversia entre ambas naciones y confiesa que se ha quitado un peso de encima. Sin embargo, el embajador, cumpliendo con su deber, le solicita “que le dé la seguridad de que la candidatura no volverá a resucitar en lo sucesivo”, es decir, de que él nunca prestará su consentimiento a una tentativa futura. El soberano replica que sus parientes mantendrán la palabra dada y que poco más puede hacer él. Después de alguna insistencia por parte de Benedetti, el Rey pronuncia las palabras decisivas: “Señor embajador, no teniendo ya nada más que deciros, permitidme que me retire”.

A lo largo del resto de la jornada, Benedetti intentó entrevistarse con el Rey. Todas sus peticiones fueron en vano. ¿Por qué? Lo que desconocía el malhadado embajador, y lo que había provocado que el soberano no quisiera recibirle, era que Gramont, desde París, había enviado a través de Wether, embajador prusiano, una especie de índice o proyecto para que el Rey de Prusia redactara una carta amistosa al Emperador francés dando por finalizada cualquier tensión. Este documento, por demás desafortunado pero no humillante, fue presentado a los ojos del Rey por los colaboradores de Bismarck en forma tal, que parecía que el Gobierno francés quería que se excusara, lo que, naturalmente, encendió la cólera real. Guillermo I no concebía aparecer como “un pecador arrepentido”. Este enfado determinó que denegara por tres ocasiones la audiencia a Benedetti, ya que temía que el embajador aludiera al proyecto de carta de disculpa y le hiciera perder la calma.

Un telegrama con el informe de lo sucedido fue enviado a la Wilhemstrasse, en Berlín, donde Bismarck aguardaba, decaído. Pensaba que había perdido la partida. El desistimiento de la candidatura del príncipe Leopoldo, aprobado por el Rey, desbarataba sus planes para arrastrar a Francia a la guerra. El telegrama de Ems vino a cambiarlo todo.

Lo recibió estando sentado a la mesa con Moltke, Jefe del Estado Mayor, y Roon, Ministro de la Guerra. Rápidamente supo sacar partido de aquel telegrama. En su redacción original, no encerraba ofensa alguna hacia Francia. Pero, puesto que el Rey autorizaba a “informar directamente a nuestros embajadores acerca de las últimas reivindicaciones de Benedetti”, Bismarck condensó el mensaje para difundirlo. El nuevo texto se mantuvo fiel a las palabras del Rey, pero no a su espíritu: este comunicado, por su tono y manera de relatar los hechos (se presentaba al embajador francés como un grosero individuo sin modales al que el Rey, “por medio de un ayuda de campo”, le había transmitido que “no tenía nada más que comunicarle”), constituía una grave ofensa. Bismarck se había salido con la suya. El telegrama condensado caería como una bomba en la opinión pública francesa: “Ello hará el efecto de la bandera roja sobre el toro galo”, aseguró.

Y acertó de lleno. El 14 de julio cae el “bofetón a Francia”. A pesar del deseo de paz de Napoleón III y de la oposición de algún diputado aislado como Thiers, el “bofetón” --que los periódicos prusianos narraban como una falta de respeto hacia su Rey y los franceses como una humillación hacia su representante diplomático-- no podía quedar impune y en París ya se gritaba que había que ir a Berlín a poner fin a la insolencia prusiana.

El 19 de julio fue entregada a Bismarck la declaración de guerra francesa. En un portentoso ejercicio de hipocresía, el Canciller fingió estar consternado y apenado por no haber podido evitar la guerra. El 1 de septiembre, en Sedán, el grueso del Ejército francés y el propio Emperador serán capturados (más exactamente, Napoleón III, que durante toda la jornada dio muestras de una valentía y entereza admirables, decidió rendirse para salvar a sus soldados de una masacre segura, a sabiendas de que ya nada le libraría de la derrota), y el 4 de ese mismo mes caerá el Segundo Imperio. Ya quedaba poco para que el acero de los sables refulgiera en Versalles ante Guillermo I, el futuro Emperador de Alemania.