Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, abril 28, 2013

EL CALDO GORDO DE MEL DOMÍNGUEZ

No sin cierto reparo me decidí a echar un vistazo al vídeo de la joven andaluza Mel Domínguez llamado ¡A mí me hablas en español! Las recomendaciones del Jacinto Post suelen deparar sorpresas desagradables, mas, como el asunto había alcanzado una relativa fama, tuve que verlo, no fuera a ser que la joven revelara algo importante.

Decepción total. La fama que ha adquirido el vídeo es inmerecida a todas luces. No obstante, vale la pena repasar el alegato a fin de aclarar ciertos puntos. En este producto autobiográfico, Mel Domínguez, tocada con una fea peluca y sospechosamente parecida a Maribel Verdú, no cesa de criticar ¡la catalanofobia!

La muchacha confiesa que desde pequeña le han enseñado que hay que odiar lo catalán y a los catalanes. En su niñez ella misma participó de ese odio, hasta el extremo de que escuchar algo relacionado con los catalanes le producía un “sentimiento repulsivo”. Por suerte, vio la luz al conocer la tierra catalana y descubrió que es una tontería “odiar por odiar”. Sí, es mejor odiar con motivos. A lo largo del vídeo, en resumen, intenta desmontar una serie de mitos contra los catalanes (todos los letreros están en catalán, si hablas castellano te miran mal…), algunos bastante forzados.

Me llama la atención, primeramente, su insistencia en denunciar el odio que “te meten en la cabeza desde que eres pequeño”. ¿Dónde? ¿En el colegio? ¿Quién? ¿Sus padres? ¿Amigos? Creo que el problema de la catalanofobia es falso o no relevante y que esta joven, con buenas o malas intenciones, está haciendo el caldo gordo al nacionalismo.

En efecto, años de propaganda nacionalista –Cataluña es víctima de un complot de los bárbaros españolistas-- han hecho mella en el cerebro de muchos jóvenes. Los engañabobos nacionalistas, además, han recibido la inestimable ayuda de los socialistas, quienes sin excepción tachan de anticatalán a cualquiera que ose defender la Constitución y la unidad de España frente al separatismo. El aparente problema ha sido exagerado y utilizado por los nacionalistas para tratar de justificar sus acciones y generar un sentimiento de agravio entre los propios catalanes. Paletos y mentes estrechas hay en todas partes, pero no pienso que esté generalizado un rechazo hacia lo catalán como tal.

En segundo término, ella considera que los catalanes pueden hablar “como quieran”, en especial su “idioma propio”. Pero siendo eso indiscutible, la misma libertad debería asistir a quienes, por ejemplo, desean rotular los letreros de su negocio en castellano. O a quienes, conforme a la Constitución y a repetidas sentencias de los tribunales, preferirían escolarizar a sus hijos en castellano. Por ello, es ridículo que asegure que algunos aspiran a erradicar el catalán. ¡Es una lengua española más! La persecución que se lleva a cabo desde el poder en esa región es contra el castellano.

Por último, me divierte esa especie de fe del converso que profesa la chica, que proviene de algo bien simple: mientras que en Andalucía “no tenía futuro” y se estaba “consumiendo”, en Cataluña “me están dando de comer”. ¡Y con las cosas de comer no se juega! Entre ellas, el hecho diferencial. Del catalán, “idioma único”, habla en un tono voluptuoso, casi orgásmico, aunque dudo mucho que lo domine. Y se burla de su padre, un hombre atávico, brutal, semejante al Torrente españolista que en una pesadilla cree que su lengua ha sido poseída por el catalán y se siente asqueado.

Tanto se difundió el vídeo, y tan bien debió de sentar a los nacionalistas, que Mel fue invitada al canal autonómico en calidad de ser inferior andaluz domesticado. Es muy ilustrativo el hecho de que, en el programa al que fue invitada, relatara que la motivación para grabar el vídeo le había venido de contemplar a un empleado de su banco conversando en catalán con una clienta y, acto seguido, hablar con ella misma en castellano normalmente. Lo cual sustenta su tesis de que nunca ha sido discriminada por hablar su idioma. Sin embargo, en todo momento la presentadora y sus colaboradores se dirigen a ella en catalán, pese a que ella responde en castellano (porque, repito, seguramente no sabe catalán), refutando su propia experiencia personal. No esperes lo mismo, querida Mel, de tus amigotes que de las instancias oficiales de la Generalidad, aunque a lo mejor si se ponen generosos te dan una subvención para seguir voceando su propaganda.

domingo, abril 21, 2013

PROFUNDIDAD DEL PENSAMIENTO PROGRESISTA (Y II)

Siguiendo con el análisis de esta obra cumbre del progresismo, aparece en el editorial el aplaudo al hostigamiento del populacho a políticos electos, justificado porque el pueblo debe defender los principios constitucionales frente a los intereses económicos. ¿Qué principios? ¿Quién decide que tales principios están en peligro? Ellos aseguran que se está conculcando la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre ninguno de esos temas que para ellos están tan claros. ¿Por qué alaban al TC portugués si en el caso español ni siquiera hace falta esperar a que se pronuncie? Es más, si el TC avalara ciertos recortes, ¿los aceptarían ellos de buen grado?

No sorprende, a estas alturas, que estos acérrimos defensores de la Constitución nieguen la legitimidad del Gobierno, que habría perdido por dos razones: no ha cumplido su programa y las encuestas dicen que es impopular. Es obvio que tales factores no pueden servir para cuestionar legitimidad alguna, no habiendo pasado ni dos años desde la formación del actual Gobierno. Sería muy perjudicial para los intereses de cualquier país que se gobernara al dictado de las encuestas. Del manoseado asunto del programa mejor ni hablar.

Últimamente, los progresistas han formado una nueva teoría de la representación y de la legitimidad de los poderes públicos que se manifiesta en la actitud favorable hacia el acoso que sufren los políticos del PP en sus domicilios particulares. La intención es torcer su voluntad para que aprueben en el Parlamento la dación en pago, los alquileres sociales y otras demandas de los montoneros de Ada Colau. Lo cual es retroceder a los tiempos anteriores a la Constitución francesa de 1791, que proclamaba que la soberanía “pertenece a la nación” y que ésta “ejerce sus poderes mediante sus representantes, que la representan en su conjunto y no a los electores concretos”, prohibiendo, en consecuencia, el mandato imperativo.

Ahora, los montoneros han dicho retirar su propuesta de ley (cosa imposible, ya que no designaron un representante para que la defendiera en el Congreso de los Diputados) y han asegurado que harán que se apruebe desde la calle, es decir, ninguna novedad, ya que justo eso es lo que han hecho desde que la presentaron.

Sugiero a Crónica de Aragón que abandone toda alusión a la Constitución, de la que ignoran todo, y similares. Que no pretenda envolver sus barbaridades con la costosa tela del Derecho Constitucional y la Teoría del Estado. Sería mucho más honesto --cito una virtud que dicen poseer-- que afirmen directamente que son los progresistas los que quitan y dan la legitimidad democrática, que consiste en no apartarse de sus postulados. Y cuando no se les hace caso, están justificados los acosos, los insultos y las amenazas.

Obviamente, el editorial se despide con Aznar y la invasión de Iraq, clásicos que nunca han de faltar. Y es ahí donde uno se da cuenta del rancio y apolillado estado en que se encuentra el pensamiento dizque progresista.

domingo, abril 14, 2013

PROFUNDIDAD DEL PENSAMIENTO PROGRESISTA (I)

El pensamiento progresista español, como cada día es más reducido, panfletario y mediocre, puede ser condensado con facilidad en, por ejemplo, un simple editorial de periódico. Y ese editorial fue publicado por Crónica de Aragón, “diario digital independiente”. Resumen ejemplar de dicho pensamiento, en él se aprecia la indigencia intelectual y la superficialidad de que hace gala sin decoro alguno la izquierda española. Voy a comentar su contenido y efectuar unas cuantas críticas y correcciones a tan excelso documento, titulado “Personas honestas, neoliberales y Carlos Floriano”.

Comienza el editorial estableciendo una diferencia entre las personas honestas y los neoliberales, quienes –además de deshonestos-- ni siquiera tienen la consideración de personas. Forman una minoría que acumula el mayor poder político y económico existente, a pesar de que es una ardua tarea encontrar ejemplos de países que respondan a un modelo netamente liberal: en las economías de los países desarrollados el peso del Estado se sitúa en el entorno del 49% sobre el PIB, hay un exceso de regulaciones y prohibiciones, la presión fiscal es elevada… No son economías liberales, sino mixtas. El propio Gobierno del PP ha afrontado los problemas de la crisis con una actitud típicamente intervencionista, subiendo impuestos y pidiendo perdón cada vez que recorta gasto público.

Asimismo, señala el editorial que el Tribunal Constitucional portugués ha demostrado que “las políticas neoliberales no caben en las Constituciones de aquellos países que, como Portugal o España, han adoptado el Estado del Bienestar como modelo socioeconómico”. Es falso que el TC portugués haya anulado políticas de las mal llamadas neoliberales, y si por algo se caracterizan las constituciones modernas es porque en su seno tienen cabida distintas opciones políticas. La Constitución de 1978, que ha consagrado el principio de equilibrio presupuestario a propuesta de un Gobierno socialista, acoge la libertad de empresa y el derecho de propiedad. Por añadidura, declara que la programación y ejecución del gasto público “responderán a los criterios de eficiencia y economía” (art. 31.2).

Lo que es radicalmente incompatible con un Estado de Bienestar es pretender ignorar que las prestaciones que de él se derivan son costosas y que requieren una financiación sostenible a largo plazo. Los servicios públicos no se van a financiar por medio de la repetición cansina de lemas de panfleto y consignas. Hay un problema de coste que debe ser atajado o, de lo contrario, según observa Lorenzo B. de Quirós, “no será capaz de garantizar a los individuos una adecuada cobertura de sus riesgos en el largo plazo”.

Ya he dicho que los peores enemigos de los servicios públicos son los que, desde su sectarismo y cerrazón ideológica, se oponen por sistema a cualquier innovación que tienda a la eficiencia y a reducir costes.

Otra aclaración necesaria es la referencia al neoliberalismo, hoy día muy extendida para designar, en palabras del editorial, “un modelo económico en el que todo esté permitido con tal de que los ricos acrecienten sus fortunas”, cuando realmente, en la teoría económica, se entiende por neoliberalismo un liberalismo heterodoxo favorable… al Estado del Bienestar, con la consiguiente intervención pública y redistribución de la riqueza. Pero estas personas honestas no necesitan tener idea de nada para lanzar sus pregones, les da igual no conocer la diferencia entre neoliberalismo y liberalismo clásico. Sustituyen el conocimiento y las ideas por unas --supuestas-- buenas intenciones.

domingo, abril 07, 2013

CRÍTICA A LOS MÉTODOS Y A LA LEY DE LOS ANTIDESAHUCIOS

En un país cada vez más proclive a la demagogia barata, es natural que estén proliferando actos de acoso a los políticos en sus domicilios, práctica habitual, según dicen, en lugares tan poco recomendables como Argentina. Al acoso de la muchedumbre se le está denominando con un nombre que no utilizaré por no caer en lo soez. Acoso y coacción son términos, en cualquier caso, más exactos.

Se ha pasado de cercar las sedes del PP a cercar los domicilios de sus parlamentarios. La izquierda radical debe de estar contenta con el salto cualitativo, pero el resto de la sociedad tendría que exigir moderación y orden. Hasta los políticos gozan de un espacio privado, sin perjuicio de que sea más reducido que el de un ciudadano normal. La actividad política incide en la vida de los demás, por lo que los políticos han de estar acostumbrados a sufrir protestas y sentir de cerca el malestar de la gente. No todo pueden ser coches oficiales y despachos con moqueta. Cosa distinta es que la presión se transforme en acoso, se generalice, alcance el domicilio particular y apunte siempre en la misma dirección, o sea, al PP.

El objetivo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es obligar –o amedrentar, o intimidar-- a los parlamentarios del PP a que voten a favor de la iniciativa legislativa popular que esa organización presentó en el Congreso de los Diputados. Es una estrategia que se sitúa fuera de los cauces normales en una democracia representativa. Escuchando a la nunca hipotecada Ada Colau, uno se imagina que los activistas entregan amablemente una carta a sus objetivos, como hacían los cartistas en el siglo XIX, cuando la realidad es que la escena se asemeja más a los grupos de montoneros deformes y vociferantes que arrasan las propiedades privadas de los terratenientes en Sybil (1845), de Benjamin Disraeli, quedando reservado el papel del depravado obispo Hatton, su líder analfabeto, a Colau.

No es convincente justificar el acoso organizado señalando que los criminales son las entidades financieras y que nada se hace contra ellas, o invocando la desesperación de los que padecen un procedimiento de desahucio. Al margen de la falsedad del primer aserto, eso no justifica nada. La desesperación no confiere un derecho a romper las reglas y forzar la libertad de un Parlamento democráticamente elegido.

Me centraré ahora en la ley que quieren aprobar como sea. La iniciativa legislativa popular, partiendo de un preámbulo manipulador, en el que se da por sentado --sin aportar argumentos-- que la autonomía de la voluntad en la contratación de créditos hipotecarios ha desaparecido, viene a introducir dos perlas: dación en pago y paralización de los lanzamientos, a lo que se añade el llamado alquiler social a precios de risa. En resumidas cuentas, primero se extinguiría la deuda por la dación en pago; y, seguidamente, cuando se trate de una vivienda habitual, el antes deudor podría seguir viviendo en ella durante cinco años pagando una renta no superior al 30% de sus ingresos. No está muy claro si transcurridos esos cinco años podrá ser finalmente efectuado el lanzamiento, ya que la prohibición del mismo se presenta como absoluta. Estas disposiciones tendrían aplicación retroactiva.

Pues bien, se supone que es una ley de mínimos. Si tales son las aspiraciones mínimas, no me quiero ni imaginar cuál será el tope. A lo mejor, ni un amago de satisfacer la deuda contraída, porque ya con la regulación que se dicta en la propuesta legislativa lo único que se devuelve es el valor actual que tenga la vivienda, sin intereses. El banco, en la mayoría de los casos, perdería dinero.

Esta regulación ni es de mínimos ni es aceptable: supone un cambio radical de sistema. Caso de aprobarse, el acceso al crédito hipotecario se restringirá enormemente. Las entidades financieras, ante la eliminación de las garantías que aseguran su crédito, sólo concederían éste bajo condiciones muy exigentes. Los que se endeudaron por encima de sus posibilidades saldrían muy beneficiados, claro está. En cambio, las consecuencias para los que en un futuro se planteen adquirir una vivienda en propiedad serían negativas.

Conviene que esa proposición de ley no sea aprobada. Lo cual, lógicamente, no es incompatible con una revisión del procedimiento de desahucio o con medidas de socorro para los supuestos más extremos.