Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, mayo 26, 2013

EL DERECHO DE REUNIÓN: CARACTERIZACIÓN Y PROBLEMAS ACTUALES

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, en 2012 hubo en dicha ciudad –la preferida para efectuar protestas, habida cuenta de su condición de capital de la nación--, 3419 manifestaciones, frente a las 1963 de 2011. El aumento de las manifestaciones es consecuencia no sólo de la fuerte contestación izquierdista a la política del Gobierno, sino también de un descontento ciudadano con el concepto mismo de democracia representativa, lo que lleva a una mayor presencia en las calles de la gente, si bien, al propio tiempo, se cuestiona la efectividad de las manifestaciones y concentraciones tradicionales, surgiendo así nuevas formas de protesta, como se verá después, que desbordan el derecho de reunión constitucionalmente garantizado.

Aparece reconocido en el artículo 21 de la Constitución el “derecho de reunión pacífica y sin armas”, una de cuyas expresiones es la reunión “en lugares de tránsito público y manifestaciones”. Expresamente declara el texto constitucional la falta de necesidad de autorización previa para ejercerlo.

Se comprende fácilmente la importancia de este derecho tanto por su estrecha ligazón con la libertad de expresión, el derecho de asociación y la participación política como por su dimensión práctica y las tensiones que puede originar. El elevado número de manifestaciones en Madrid, antes señalado, es una constante fuente de preocupaciones para la ciudad y sus dirigentes.

El precepto constitucional ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. Lo más destacable de ella es que establece el procedimiento de comunicación previa (no autorización) a la autoridad gubernativa (Delegado o Subdelegado del Gobierno) para poder llevar a cabo una manifestación.

A efectos de la LODR, “se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada” (art. 1.2). Hay que observar, respecto al elemento subjetivo de este derecho, que la reunión se diferencia de una mera aglomeración por su carácter concertado y que algunos ciudadanos pueden ver limitado su ejercicio (militares).

El procedimiento se regula en los artículos 8 a 11. La comunicación se dirigirá a la autoridad gubernativa con una antelación de diez días naturales y treinta como máximo (se prevé que en casos de urgencia el plazo se reduzca a 24 horas). Comunicación que es responsabilidad de los organizadores o promotores.

La autoridad gubernativa podrá prohibir la reunión o manifestaciones cuando estime con razones fundadas que pueden producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, o bien proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario.

Asimismo, la autoridad está facultada para suspender y disolver las reuniones y manifestaciones penalmente ilícitas y aquellas en las que se hiciere uso de uniformes paramilitares.

En relación con el concepto de orden público, éste protege la seguridad de bienes y personas, sin que responda a una orientación ideológica o incluso a valores constitucionales. El Tribunal Constitución, además, aplica aquí el principio favor libertatis frente a restricciones abusivas o con poca justificación.

Las coordenadas en que se mueve la problemática reciente sobre este derecho fundamental son tímidos llamamientos a modularlo o limitarlo, de un lado, y el abuso del mismo por parte de ciertos grupos radicales, de otro.

Así, en una fecha tan lejana como 1992 se lanzó la propuesta del manifestódromo, un lugar situado a las afueras de Madrid donde se desarrollarían las manifestaciones, evitando así molestias y daños en la capital. A tal propuesta cabe oponer lo que, con buen juicio, expresó Jorge de Esteban, que no fue otra cosa que recordar que es consustancial al derecho de reunión la idea de presión, un elemento que quedaría muy debilitado en caso de alejar las manifestaciones de la capital. Esta posición es avalada por la doctrina del TC, para el que el espacio urbano no es sólo un lugar de circulación, sino también de participación política.

Si parece ciertamente difícil cambiar la LODR para modular este derecho respetando su contenido esencial, el ejercicio abusivo ha sido notorio en los últimos tiempos. La ocupación del espacio público por movimientos asamblearios, como el de los indignados, y el hostigamiento y acoso a parlamentarios o miembros del Gobierno en sus domicilios particulares con el propósito de influir coactivamente en su política son claros ejemplos de vías de hecho que se sitúan fuera del derecho recogido en el artículo 21 CE y constituyen un problema que es necesario atajar con una mezcla de mesura y firmeza no siempre fácil de lograr.

domingo, mayo 19, 2013

LA REFORMA EDUCATIVA, UNA BUENA OCASIÓN PARA DEJAR CLARO A LA IZQUIERDA QUE NO TIENE EL MONOPOLIO DE LO PÚBLICO

La reforma educativa --futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa-- va a ser una oportunidad ideal para determinar si el Gobierno del PP está formado por petimetres sin agallas, como, de ordinario, se ha puesto de manifiesto hasta ahora, o bien aún quedan gobernantes con redaños y la voluntad de dar la batalla de un partido que gobierna con mayoría absoluta y es todavía respaldado por los españoles.
La reforma es necesaria. Sucesivas leyes educativas socialistas (algunas diseñadas por Rubalcaba, sedicente experto en la materia) sólo han servido para formar el caldo de cultivo del fracaso y abandono escolar, aliñado con la mediocridad, adoctrinamiento e imposiciones de los delirantes pedagogos. Es hora, pues, de fomentar el mérito y el esfuerzo, junto con la búsqueda de la excelencia, y de orientar la educación hacia el mercado de trabajo, que debe ser un objetivo prioritario, aunque, naturalmente, no el único.

Es ocioso señalar que una reforma legislativa no basta para solucionar los problemas de la educación española, no es una receta milagrosa. Pero es un avance indispensable, un mejor punto de partida para una educación necesitada de nuevos enfoques. Y, separándome del discurso progresista, no considero que más gasto público sea sinónimo de mejores resultados, tal y como se desprende de la evidencia empírica.

Socialistas y comunistas de IU, aparte de la comunidad educativa alienada y mediatizada por los sindicatos, han entrado rápidamente en una competición en la que lo único que se dirime es cuál dice la barbaridad de mayor calibre, sacando a pasear sus más rancios lugares comunes, como la igualdad (igualación por abajo), el rechazo a la escuela privada (donde estudian sus hijos), la educación laica (anticlerical, en realidad)… Desde Cataluña, CiU, en relación con la elección de idioma y sin ocultar su estilo y métodos mafiosos, ha dicho que la lengua es cosa nostra y que van a rebelarse, porque ven inaceptable que un niño pueda educarse en una lengua que no sea la que eligen ellos de acuerdo con su concepción excluyente y totalitaria de la identidad catalana.

A la izquierda no le ha quedado claro algo bien simple. Insistiré en ello otra vez. No tiene el monopolio de lo público y no todo lo que se aparta de sus anquilosadas concepciones es automáticamente un plan fascista, contrario al Estado de Bienestar y privatizador. De hecho, sus modelos y propuestas, nacidos de puros dogmas ideológicos, idénticos a los de su abominada Iglesia, han fracasado estrepitosamente, en perjuicio de aquellos a quienes dicen proteger. Y ante ese fracaso, su postura se limita a solicitar un incremento del gasto público y, por lo demás, inmovilismo total. Cualquier cambio provoca acusaciones apocalípticas, extremas, disparatadas. Se habla del franquismo, de que se quiere privatizar el servicio o entregarlo a los obispos… Memeces, sectarismo y propaganda que Rubalcaba va entregando a sus (pocos) fieles en tartamudas píldoras sabáticas.

Contra esta pretensión de la izquierda, cabe resaltar la exacta afirmación de Adam Smith: “Nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo”. En efecto, son ellos, Rubalcaba y Cayo Lara, los peores enemigos de lo público, no los supuestos neoliberales. Con políticos como los mencionados al frente de la situación, el Estado de Bienestar tendría los días contados.

Esta reforma debe llegar a buen puerto. Para ello, el heroico Wert, solo o en compañía, ha de entregarse a fondo: no puede renunciar a aportar las razones y argumentos que sostienen la misma en todos los espacios disponibles, es decir, en debates, en entrevistas, en artículos, donde sea. Mano de hierro y voluntad de convencer. Todo con tal de que no se extienda entre la sociedad española la burda propaganda de los que, como acertadamente ha observado Rafael Hernando, “han estado más pendientes de la ideología y del adoctrinamiento que de la formación de calidad”.

domingo, mayo 12, 2013

POR UN SECTOR PÚBLICO TRANSPARENTE

En un escenario, el de la crisis española, salpicado de importantes escándalos de corrupción, así como de una percepción ciudadana de corrupción generalizada (percepción no siempre justificada), se ha concebido la transparencia del sector público como una forma de prevenir y combatir tales comportamientos. Pero ésa no es su única finalidad, ya que es un objetivo deseable que los ciudadanos puedan conocer mejor cómo se gastan los recursos públicos.

La proyectada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es una de las medidas de regeneración democrática planteadas por el Gobierno. Con ella, se quiere garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, no limitándose dicho acceso a los archivos y registros administrativos, que es lo que ya se recoge en la Constitución [art. 105.b)].

Por lo pronto, se ha abierto un interesante debate sobre la transparencia y sus límites, unido, naturalmente, a las distintas modificaciones que está sufriendo el proyecto en su tramitación parlamentaria (por ejemplo, inclusión de la Casa Real en su ámbito subjetivo).

Pese a que se trata de un notable avance respecto a la situación anterior, también han aparecido críticas que apuntan a las debilidades y carencias de esta novedosa legislación. Destacan las emitidas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que ha señalado, entre otros aspectos a mejorar, que el proyecto se aleja de las principales normas internacionales sobre la materia, pues no reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental, excluye del conocimiento público parte de la información parlamentaria y judicial, se prevén muchos límites y excepciones al acceso a la información, no se crea un órgano independiente de supervisión (la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios actuará dentro de un ministerio) y que no se otorga a la Ley de Transparencia prevalencia sobre regulaciones de materias específicas.

Con independencia de en qué términos se apruebe el texto legal, conviene reflexionar sobre la justificación de la misma y la transparencia que parece estar exigiendo la sociedad. Sin duda, en los últimos tiempos se ha puesto de relieve que la opacidad y los fallos en los mecanismos de control de los poderes públicos han amparado abusos, corruptelas y despilfarros. La transparencia, en este sentido, está plenamente justificada: puede verse como un instrumento de medición de la calidad de las instituciones, algo muy necesario para la economía española. La duda que surge es si será real o se quedará en un mero ejercicio propagandístico.

Y no hay que obviar, por descontado, los inconvenientes de una excesiva transparencia: el foco de los medios de comunicación, o la permanente presencia de luz y taquígrafos, pueden coartar determinadas decisiones políticas y acuerdos, tornando a los gobernantes en seres aún más sensibles a una opinión pública voluble, contradictoria e inclinada a la hipérbole. Estoy a favor de la transparencia, de más apertura y datos, pero siempre que no se convierta en un circo que sólo valga para entorpecer las labores de la Administración.

No debe ignorarse que la exigencia de transparencia nace unida a un modelo de democracia participativa, con una fuerte presencia de Internet e influencia de las redes sociales, que ha de evitarse a toda costa.

Por último, es de destacar que ni códigos de conducta, ni transparencia ni leyes penales más duras eliminarán por completo la corrupción. Los remedios más efectivos y duraderos, al alcance de una voluntad política decidida, son dos. Primero, reforzar el control financiero que ejerce el Tribunal de Cuentas. Segundo, reducir el tamaño del Estado (a más intervención de los poderes públicos, más oportunidades y tentaciones de recurrir a prácticas corruptas), cerrando empresas públicas, fusionando municipios y suprimiendo cargos de confianza.

domingo, mayo 05, 2013

PACTAR CON EL PSOE NO ES LA SOLUCIÓN

Tan malas eran las últimas medidas dizque reformistas que se aprobaron en el Consejo de Ministros (anuncios legislativos nada nuevos y más impuestos, justo lo contrario de lo que aseguró Rajoy), que ha tenido que salir Rubalcaba a escena a demostrar que él puede empeorarlas. Después de su antídoto contra el fraude y la pobreza, que pasa por suprimir los billetes de quinientos euros, ha encontrado la solución definitiva al problema del déficit público y al del paro.

Respecto al primer asunto, es simple. Los recortes y ajustes no son necesarios. El déficit se reducirá no contabilizando como tal el gasto público que se dedique a inversión productiva, educación, proyectos de investigación… ¡Brillante! Ya puestos a transmutar el concepto contable de gasto, es posible ir más lejos y, directamente, excluir todo el gasto público de la contabilización del déficit. O mejor aún, declarar que el déficit no existe, es sólo un invento de los mercados y de Merkel para desmantelar el Estado de Bienestar.

Y para detener la sangría del paro la solución no es menos preclara que la anterior. Se trata de congelar los despidos por causas económicas hasta 2015. Es decir, una especie de prohibición de despedir cuyos costes sostendrían el empresario y el Estado a partes iguales. Cargar con más cadenas al empresario, y además emplear dinero público en parar los despidos, sólo traerá consigo más paro y, sin duda, más déficit.

Y no faltan en este programa revolucionario lo que se han dado en llamar medidas de estímulo: creación de distintos fondos a fin de activar la economía. La financiación de esos fondos saldría, en principio, aumentando la presión fiscal en 40.000 millones de euros por medio de reformas fiscales ideadas por Rubalcaba que pertenecen al más burdo arbitrismo español.

Pues bien, con el Rubalcaba que defiende este patético proyecto es con quien ha de pactar el PP, según algunos, para que España salga de la crisis. Como una pesadilla recurrente e impertinente, siempre termina regresando la idiotez del venerado consenso. ¿Pactar el qué? ¿Nuevos impuestos con que asfixiar al contribuyente? Para ello ya se basta solo el PP. ¿Planes de estímulo económico que a nada conducen, excepto despilfarro y corrupción? Honestamente, no soy capaz de detectar ninguna ventaja a un pacto --en estos temas-- entre los dos grandes partidos.

La apelación al crecimiento, a superar la austeridad, es una consigna vacía, pese a lo cual ha sido asumida con gusto por un Gobierno alérgico a las reformas reales. Esperanza Aguirre ha sido clara: “Hay que reducir, privatizar o suprimir parte del sector público”. Los políticos deben comprender que ellos no van a crear ni un puesto de trabajo y que, si no son capaces de favorecer que eso suceda, al menos que no lo obstaculicen con su dirigismo económico y su afición a gastar. En este sentido, Jesús Cacho ha escrito que “es obligado reducir el perímetro del Estado si queremos aminorar el peso del sector público para que llegue el dinero a familias y empresas y se empiece a mover la rueda de la economía”.

Lo que menos necesita el PP en esta tarea titánica es a un PSOE que en Andalucía, de la mano de IU, va a expropiar casi al modo bolivariano. El Gobierno cuenta con el apoyo de una mayoría absoluta limpiamente ganada en las urnas y, si se decidiera a ajustar de verdad el tamaño del sector público y emprender reformas de carácter liberal, tendría el apoyo de muchos frente a la chusma demagógica que intenta apoderarse de las calles. El pacto no soluciona nada. La solución es cambiar el rumbo.