Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, noviembre 24, 2013

EL CAMPUS DE BATALLA

La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid ha vuelto a sufrir un ataque. Un nutrido grupo de radicales de izquierda asaltaron el edificio, destrozaron el local de una asociación universitaria de corte conservador y agredieron verbal y físicamente a varios alumnos.

No es la primera vez que la Facultad de Derecho es objeto de las atenciones de tales benefactores de la humanidad, que intentan imponer su ideología mediante la violencia. La Facultad de Derecho es para ellos un reducto de orden y buen hacer universitario, muy diferente de su modelo ideal, la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas, en la que reina el caos. Allí el profesor progresista adoctrina, se persigue al disidente y hay una continua exaltación del pensamiento único y del terrorismo.

Tampoco es nueva la reacción –timorata e insuficiente-- del Rectorado. Lejos de garantizar la seguridad y tranquilidad de los alumnos, el Rectorado ha solido ponerse de parte de los bárbaros, con quienes se muestra comprensivo. Y si la policía entra en el campus, lo denuncia con rapidez, permitiendo que campen a su aire piquetes violentos u hordas como la que entró en la Facultad de Derecho.

Por culpa de Berzotas y Carrillo, la Universidad Complutense de Madrid está en la ruina económica y va perdiendo atractivo para quienes desean adquirir una formación útil a partir de la cual ganarse la vida. En cambio, los asamblearios y extremistas, los que prolongan ad infinitum sus estudios a costa del contribuyente, están encantados, pues prefieren rebozarse en un estercolero antes que se promueva la excelencia. Ellos son los que dicen que van a salvar la educación pública de las garras del neoliberalismo. A lo mejor deberían salvar la educación pública de sí mismos.

Porque la Universidad ha de ser un espacio de libertad, intercambio de ideas, transmisión de conocimientos y sosiego, no un escenario de protestas, como si aún perviviera el franquismo, y menos todavía un lugar en el que los alumnos responsables sufren insultos y agresiones inopinadas que, además, quedan impunes.

Lo más preocupante, empero, no es la actuación de estos grupos, que no es, ya lo dije, novedosa, sino el amparo que les proporcionan partidos que están en las instituciones y que, en principio, participan en el sistema, pero cuyo extremismo latente se ha ido revelando al calor de la crisis. Así, esa IU que busca en la calle lo que no obtendrá en las urnas, que llama a la revolución y pesca en el lodazal del sectarismo: lo sucedido en la Facultad de Derecho es una concreción de sus planteamientos. En un ejercicio no sé si de mala conciencia o de hipocresía, Llamazares ha sentenciado que no hay terrorismo de izquierdas. La correcta interpretación de sus palabras es que, si el terrorismo lo practica la izquierda, entonces no es terrorismo.

Contra Llamazares, IU y la chusma que contamina el campus hay que luchar sin descanso. Si se producen nuevos asaltos, los alumnos deberían organizarse y defenderse, porque seguro que son más y mejores que los atacantes. Cuando se rompen las reglas y la autoridad no actúa, no queda otra opción. Y esos alumnos que estudian y que tan sólo buscan labrarse el futuro, rechazando la utopía totalitaria de la izquierda, son los que de verdad otorgan valor a la Universidad.

domingo, noviembre 17, 2013

TRECE PROPUESTAS REFORMISTAS

Ya ha pasado un tiempo desde que se presentó el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. En él se contienen afirmaciones muy certeras, como la que sigue: “Una economía competitiva exige unas AA. PP. modernas, transparentes y ágiles. Necesita un sector público libre de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios. Volcado al servicio de ciudadanos y empresas, y equiparable a los sistemas más eficaces de nuestro entorno”.

En el Informe no sólo se detallan reformas a emprender, sino que también incluye otras que ya están en marcha, por ejemplo, la que afecta a la Administración local o la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Sin lugar a dudas,  muchas de estas reformas se quedarán en el camino por falta de voluntad política o serán víctima de una deficiente implantación o de resistencias al cambio en las estructuras administrativas.

He decidido elaborar mi propia relación de propuestas tendentes a la modernización de la Administración y mejora de su funcionamiento y servicio al ciudadano-administrado:

--Adopción de un procedimiento administrativo europeo, en línea con lo defendido por el profesor José Eugenio Soriano y otros en la obra Procedimiento administrativo europeo (Civitas, 2013). Incrementaría la seguridad jurídica, mediante el control de la acción administrativa de las instituciones europeas, y aportaría economía institucional, evitando así a los ciudadanos el tener que esperar a pronunciamientos concretos del Tribunal de Justicia.

--Reforma parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas para clarificar el régimen de responsabilidad patrimonial de las mismas, que ha tenido una construcción muy jurisprudencial y está necesitado de una actualización.

--Derogación del artículo 130.3 LRJAP, eliminando la responsabilidad solidaria en los supuestos de autoría múltiple de una infracción, solidaridad que ha sido declarada contraria al artículo 25.1 CE por el Tribunal Supremo.

--Derogar el apartado 7 del artículo 70 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (desplazamiento de la carga de la prueba en procesos en que se aleguen actuaciones discriminatorias por razón de sexo).

--Modificar el artículo 32.1.b) de la Ley de Expropiación Forzosa para que sólo forme parte del Jurado Provincial de Expropiación un técnico de la Delegación de Hacienda y supresión de la letra e) de dicho precepto. Asimismo, reformar las reglas del procedimiento de urgencia a fin de que responda efectivamente a una urgencia y limitar los márgenes de ese concepto.

--Modificar parcialmente el artículo 18 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado para que los directores generales sólo puedan ser nombrados entre los funcionarios mencionados en dicho precepto. Se busca así profesionalizar este órgano directivo y más neutralidad administrativa.

--Revisar a la baja en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria las cuantías de los recargos por declaración extemporánea. Además, eliminar la extensión a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas de las sanciones por infracciones que pudieron cometerse con anterioridad, pues se está produciendo una vulneración de los principios sancionadores de personalidad y culpabilidad.

--Derogación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

--Reformar la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas en tres aspectos. Primero, los consejeros de cuentas únicamente podrán ser nombrados entre profesionales de reconocida competencia con más de 65 años. Segundo, aumento sustancial de la cuantía de las multas coercitivas que este órgano puede imponer por incumplimiento de sus requerimientos de información. Y tercero, establecimiento de cauces de coordinación y asistencia entre este órgano y la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado. Se reforzaría la independencia del TCU, así como su capacidad para fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público.

--Reformar la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia con la finalidad de definir más taxativamente los tipos de las infracciones que contempla. La idea es aumentar la certeza de las empresas en lo tocante a conductas contrarias a la libre competencia y reducir la discrecionalidad del órgano supervisor.

--Derogación de los artículos 140 y 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que permiten a los entes locales establecer tipos infractores e imponer sanciones. Estas disposiciones atentan contra el principio de legalidad sancionadora.

--Revisión a la baja de todas las cuantías de sanciones pecuniarias recogidas en legislaciones especiales (excepto las de la LGT), ya que en muchos casos estas cuantías son manifiestamente desproporcionadas y responden a fines recaudatorios antes que a la función de represión y prevención que cumplen las sanciones.

--Derogación de todas las prohibiciones que afectan a locales y negocios privados previstas en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

domingo, noviembre 10, 2013

DOS NUEVOS DERECHOS QUE AGRADECER A LA IZQUIERDA: ERASMUS Y TELEVISIONES AUTONÓMICAS

No es fácil gobernar planteando una alternativa liberal a la socialdemocracia rampante. Cualquier intento de reducción o racionalización del sector público español va a topar con la intransigencia radical de una izquierda cuya única receta –en el plano de la sostenibilidad financiera— consiste en incrementar la presión fiscal. Lo que ha sucedido con las Becas Erasmus y la televisión pública valenciana es extraordinariamente ilustrativo.

El plan de Wert en relación con las Becas Erasmus era redistribuirlas. No había recorte alguno, sólo se privaba de beca a los estudiantes que no disfrutaran de una beca general, concediéndose una suma de dinero más cuantiosa a los que sí disfrutan de tal beca, pensada para los que tienen una menor renta. A esta decisión se le puede achacar la inoportunidad del momento, una vez iniciado el curso y con los Erasmus ya en sus países de su destino, pero en modo alguno ha de rechazarse su loable fin. Los recursos son pocos y los Erasmus muchos: es lógico que se ayude más a los que realmente lo necesitan. 

Los progresistas no comparten esta valoración, a pesar de que entronca con el principio marxista de dar a cada uno según su necesidad. Afirman que esas becas son un derecho. Los alumnos afectados, por supuesto, se han expresado en similares términos, alegando que Wert les ha robado sus sueños. La generación mejor preparada de todos los tiempos es también la más llorica.

España sufre una inflación de derechos, sentimentalismo, victimismo y cultura del subsidio. Una cosa es que en tiempos de bonanza se concedan ayudas para que los jóvenes españoles vayan a emborracharse al extranjero con sus compatriotas (porque no es a otra cosa a lo que una generalidad de alumnos dedica su experiencia como Erasmus) y otra que ya eternamente y aun cuando lo prioritario es gastar menos y mejor haya que mantenerlas.

Si los universitarios españoles albergan el sueño de pasar una temporada en el extranjero perdiendo el tiempo, lo deseable es que se lo paguen de su propio bolsillo, no que obliguen al contribuyente a sufragar caprichos. Veo bien que se apoye a los desfavorecidos, pero no a cualquiera, pues, como he dicho, es poca o nula la formación que se puede esperar en estos casos. No creo que la preparación de los universitarios españoles se resintiera mucho en caso de desaparecer las Becas Erasmus.

Con la televisión pública valenciana ocurre algo parecido. Como antes sobraba el dinero, proliferaron las televisiones autonómicas, cuya principal función no es la de prestar un servicio público, como erróneamente sostiene Tomás Gómez, sino actuar como medio de propaganda al servicio del partido en el poder. Ahora estas televisiones, deficitarias, se han convertido en un lastre que la izquierda está empeñada en perpetuar. Por un lado, una ridícula exaltación de lo público conduce a justificar la permanencia ad eternum de entes tan inútiles como las televisiones autonómicas, en cualquier circunstancia y cueste lo que cueste. Por otro lado, en los territorios donde la izquierda está aliada o identificada con el separatismo estas televisiones son estructuras de Estado, que diría Artur Mas, idóneas para el adoctrinamiento cultural y lingüístico.

Es absurdo calificar de servicio público esencial las televisiones autonómicas; hablar de derecho a ellas resulta, cuando menos, ofensivo. Actualmente, la oferta televisiva y las posibilidades de obtener información por parte de los ciudadanos son inmensas y sin coste alguno. Y en lo atinente a la cultura y lengua propias de determinadas regiones, es dudoso que su subsistencia dependa de unos cuantos documentales y tertulias de tres al cuarto.

La izquierda, constituida en heroica defensora de los derechos sociales cuestionados en estas líneas y de otros muchos, podría resumirlos en uno solo: El derecho a un sector público sobredimensionado, ineficiente e imposible de costear a mayor gloria de todo tipo de fantasías, clientelas y grupos mascota.