Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, junio 29, 2014

EL PARTIDO DE PABLO IGLESIAS VENDE BACALAO A LOS SEDIENTOS

Pido disculpas de antemano a los que, saturados ya por tanto como se ha dicho sobre el fenómeno de Podemos, se topen aquí con otro texto más al respecto. La verdad es que también estoy harto, pero me era imposible no volver a pronunciarme sobre el asunto.

No cabe duda de que, sorpresivamente, Podemos se ha hecho un hueco en el panorama político español, lo que, hasta cierto punto, ha provocado una conmoción que afecta a IU (con un Alberto Garzón deseoso de entregarse con armas y bagajes al de la coleta) y al PSOE (su nuevo líder tendrá que elegir entre recuperar el centro o seguir la estela de Podemos, radicalizándose del todo). Aunque no hay que descartar luchas internas que lo debiliten antes de las elecciones que tendrán lugar en 2015, detener el ascenso de este partido es prioritario.

El programa de Podemos es insostenible, una carta a los Reyes Magos. Pablo Iglesias, cual telepredicador desaforado, lo promete todo, desde el impago de la Deuda pública a la jubilación a los sesenta años, sin olvidar renta básica y apertura total de fronteras, y sin coste alguno. Es un acabado ejemplo de populismo. 

Por lo demás, Podemos va de la mano de Bildu en el País Vasco, se muestra complaciente con el separatismo catalán y promueve la democracia participativa, basada en asambleas callejeras o subterráneas, que no es sino el mejor modo de instaurar a la tiranía de la mayoría.

Un seguidor de Podemos ya me habría llamado lacayo de la casta o cosas peores. Quien osa criticar o plantear preguntas incómodas a estos benefactores de la humanidad, los sumos sacerdotes de la democracia real (la del chavismo), es tildado automáticamente de amigo de de corruptos y oligarcas, insensible al sufrimiento de los parados, etcétera. Por lo pronto, que este nuevo partido se presente como algo distinto y mejor no le debería inmunizar frente a críticas. Es pertinente, en este sentido, incidir en la vinculación de sus máximos líderes (Iglesias, Errejón, Monedero) al represor régimen de Venezuela, del que han cobrado y al que tienen por referente. Y, a partir de ahí, criticar sin reservas todo lo demás.

¿Es posible parar el avance de Podemos antes de que sea tarde? No me planteo un escenario en el que Pablo Iglesias y su partido a medida ganen las elecciones. Ahora bien, con IU a su servicio y un PSOE vacío de ideas que renuncie a liderar y atemperar las pasiones de la calle sí podría darse, con el concurso de los nacionalistas, una coalición que en pocos meses se encargara de fracturar el país y conducirnos resueltamente a la ruina. La recuperación abortada y el pueblo en la calle decidiendo en asambleas de qué nuevos derechos quiere disfrutar. Este supuesto es perfectamente factible. 

La primera línea de defensa la debería formar el PP, siempre y cuando no haya abdicado a estas alturas de sus responsabilidades como único gran partido nacional español, porque, viendo determinadas decisiones y actitudes, a veces da la impresión de que esté haciendo todo lo posible… por no ganar las elecciones. Mariano Rajoy, cada vez más autista e impenetrable, tiene que aprovechar todos los cartuchos que le quedan hasta el día de las elecciones. Puede y debe elaborar un discurso alternativo al de la extrema izquierda. No vale con decir que los otros son antisistemas o populistas, o amenazar con inestabilidad. Hay que profundizar mucho más. En lugar de imitar a Romanones, quien en 1931 encarnó el derrotismo del sistema de la Restauración frente a los republicanos, su espejo tendría que ser el Antonio Maura de la revolución desde arriba. 

Una segunda línea defensiva la constituyen la Unión Europea y la globalización de la economía. Como recuerda Lorenzo Bernaldo de Quirós en un libro de reciente aparición, “la globalización y los mercados son un mecanismo de protección contra la locura coyuntural o permanente de los gobiernos”. Y añade: “Por eso, grupos de la naturaleza de Podemos desean destruirlos”. 

Finalmente, a todo ciudadano amante de la libertad le atañe el deber de devolver a Pablo Iglesias a Somosaguas, a la fosa séptica de la que nunca debió salir. Es mucho lo que está en juego. El sistema alumbrado por la Constitución de 1978 adolece de defectos –de muchos defectos--, pero la alternativa de Podemos no es un remedio aceptable. Para los que prefieren un país civilizado y homologable a los occidentales, para los que no quieren copiar a Venezuela, Bolivia o Ecuador, para los que defienden la unidad de España y la economía de libre mercado, es una obligación luchar en todas las trincheras contra las falsedades, tergiversaciones y propaganda de Iglesias. 

Si un español camina por Sevilla y el calor abrasa su reseca garganta, tal vez se le aparezca un vendedor que con habilidad y seductoras palabras consiga endilgarle un bacalao como cura para la sed. ¡Habrá quien caiga en la trampa, desesperado por los calores y la falta de agua! Otros, los nos damos cuenta de lo engañoso de la oferta, no dejaremos de advertir al resto que el bacalao no alivia la sed.

domingo, junio 22, 2014

KOSOVO COMO LECCIÓN

En 2008, Kosovo declaró su independencia de forma unilateral. El Tribunal de La Haya (Corte Internacional de Justicia) emitió un dictamen el 22 de julio de 2010 en el que únicamente contestaba a la pregunta de si dicha declaración era ajustada al Derecho internacional. Como es sabido, la CIJ concluyó que no era ilegal, usando el sencillo argumento de que el Derecho internacional no prohíbe declaraciones de independencia. 

La crisis en Ucrania y las ambiciones del separatismo catalán han traído a colación este dictamen, que, en rigor, aporta muy poco, a pesar de que quienes lo enarbolan a modo de argumento definitivo (como Pilar Rahola en una famosa y ridícula intervención) extraen de él unas afirmaciones y consecuencias que en modo alguno expresó la CIJ.

El de Kosovo, como se insistió desde la ONU, fue un caso especial que no creaba precedente. Se trataba de un pueblo masacrado y discriminado por los serbios durante los años noventa, y muchos países reconocieron al nuevo Estado en atención a ese sufrimiento pasado y a fin de evitar más tensiones en el futuro. Lo cual no implica que Kosovo, en virtud del derecho a la libre determinación de los pueblos, pudiera acceder a la independencia conforme al orden jurídico internacional.

La libre determinación de los pueblos no coloniales, de acuerdo con la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU de 1970 de, encierra como contenido esencial que no sean excluidos del gobierno del Estado ni discriminados, es decir, que participen en pie de igualdad con los demás habitantes de ese Estado en los asuntos públicos.

No hay, pues, derecho a la secesión, ¡ni siquiera a la autonomía!, sobre la base de la libre determinación. Solamente no exclusión o, en otras palabras, participación en un gobierno representativo.

La CIJ, en el tan mentado dictamen, no se pronuncia sobre la libre determinación; tampoco lo hace sobre la legalidad de reconocer al nuevo Estado. Ya he señalado que sólo afirma que la declaración de independencia no es ilegal, sin entrar en otras consideraciones. Ello convirtió al dictamen en blanco de muchas críticas, manifestando la doctrina que se había perdido la oportunidad de clarificar distintas cuestiones y que la CIJ era en exceso pacata.  

Sea como fuere, las declaraciones de independencia no crean Estados. La creación de un nuevo Estado viene determinada por la efectividad de una serie de hechos. En resumidas cuentas, una organización política que controle de facto y sin injerencias un territorio en el que habita una población. Es lo que sucedió a la postre con Kosovo (siendo, no obstante, discutible que contara con un gobierno independiente de 2008, al estar bajo la tutela de la UNMIK).

Por supuesto, los separatistas catalanes incurrirían en una clamorosa vileza si acudieran al ejemplo de Kosovo para amparar sus planes. La comparación no se sostiene. Kosovo sufrió una dura y sangrienta represión, mientras que Cataluña goza de una amplia autonomía y su lengua y su cultura son plenamente respetadas. 

Pero el Gobierno de Mariano Rajoy sí debe sacar una lección de lo acontecido con Kosovo. A veces, aunque el Derecho diga una cosa, la política (o los hechos consumados) consiguen imponer otra. El dictamen de La Haya es discutible hasta en lo que se refiere a la declaración de independencia, pero aun así Kosovo se salió con la suya. Serbia no pudo hacer nada por recuperar ese territorio. El Gobierno ha de estar preparado no sólo para acudir a los tribunales, sino también para impedir que el Estado central sea expulsado a patadas de Cataluña y ésta pueda separarse por la vía de los hechos.

domingo, junio 15, 2014

LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL: LOS ENTES PÚBLICOS DE CARÁCTER FUNDACIONAL

La Administración pública no se reduce a los departamentos ministeriales. Forma parte de ella la conocida como Administración institucional (o, para Santamaría Pastor, las personificaciones instrumentales), compuesta por los organismos o entidades vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Los numerosos entes que la conforman obedecen a la técnica de la descentralización funcional, que conoció un fulgurante desarrollo durante el régimen franquista, en consonancia con una política económica intervencionista. 

Dentro de esta Administración institucional, interesan particularmente los entes fundacionales o universitates bonorum. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado los agrupa bajo la denominación genérica de organismos públicos, que son “los creados bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del Estado, para la realización de cualquiera de las actividades previstas en el apartado 3 del artículo 2 [actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación como de contenido económico], cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional” (art. 41). Los organismos públicos gozan de  “personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión” (art. 42.1) y podrán ejercer “las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria” (art. 42.2).

El artículo 43.1 LOFAGE clasifica a los organismos públicos en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Todos ellos deberán ajustarse al principio de instrumentalidad “respecto de los fines y objetivos que tengan específicamente asignados” (art. 44.1).

Los organismos autónomos, según el artículo 45.1 LOFAGE, “se rigen por el Derecho Administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos”. 

Por otra parte, a las entidades públicas empresariales (que no hay que confundir con las sociedad mercantiles estatales contempladas en la disposición adicional duodécima de la LOFAGE) se les encomienda “la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación” (art. 53.1) y “se rigen por el Derecho privado excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria” (art. 53.2). Se suele decir que estos organismos son producto de la huida del Derecho Administrativo.

Como notas en común entre organismos autónomos y entidades públicas empresariales, hay que señalar que comparten las reglas relativas a su creación, modificación y supresión (arts. 61 y siguientes LOFAGE).

El último  –y más reciente en el tiempo-- tipo de organismo público es la agencia estatal. La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos las define en su artículo 2.1 como “entidades de Derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias”. 

Elemento clave en el funcionamiento de las agencias estatales es el contrato plurianual de gestión (arts. 13 y 14 de la Ley 28/2006), pues determina sus objetivos y los planes y recursos para alcanzarlos. 

La panorámica descrita hasta ahora no estaría completa sin una referencia a los entes singulares o de régimen específico, o sea, los que no encajan en ninguna de las categorías anteriores. Su sola mención ya da cuenta de la complejidad y amplitud de la Administración pública española.

domingo, junio 08, 2014

LA MONARQUÍA DE TODOS LOS ESPAÑOLES FRENTE A LA REPÚBLICA EXCLUYENTE Y SECTARIA

El Rey lo deja, y lo lamento. Nunca he sido partidario de la abdicación, a no ser que medie fuerza mayor, pues considero que los reyes, en virtud del ius ad officium que ostentan, deben llevar la corona hasta el final de sus días. Mas, al mismo tiempo, es obvio que circunstancias extraordinarias exigen decisiones extraordinarias. No cuestionaré, por tanto, la decisión del Rey, que entiendo ajustada, desde su punto de vista, a los intereses de España y de la Corona. Honremos a Juan Carlos I (un gran monarca al que no hay nada que reprochar, salvo quizá algún episodio menor que no hace sino confirmar su humanidad) y saludemos al futuro Felipe VI

Con motivo de la sucesión, algunos están cuestionando la legitimidad y la continuidad de la monarquía, por lo que, como monárquico, me siento obligado a presentar argumentos en su defensa.  

Aun desde posturas republicanas serias, mientras la Corona siga sirviendo al pueblo español y siendo útil, no veo motivo para discutirla. Si algo funciona bien, ¿por qué cambiarlo?

Se podrá decir que por un prurito democrático. Sin embargo, la Corona carece de poderes propios. Sin poder y sin responsabilidad, ¿para qué elegir democráticamente al Jefe de Estado? A lo que hay que añadir que la Corona española goza de una indiscutible legitimidad de origen.

En otro orden de cosas, no son pocas las ventajas que ofrece la monarquía. En primer lugar, el Rey es un vínculo con la Historia de España y un símbolo de su unidad: de todo ello está muy necesitado nuestra atribulada y a veces incomprensible nación. En segundo término, en un país con una política tan tóxica y abrasiva, es saludable contar con un Jefe de Estado ajeno a la contienda partidista. En tercer lugar, se acomoda mejor a una Jefatura de Estado cuyo titular ejerce funciones meramente simbólicas o representativas una persona que desde su infancia ha estado formándose para esa misión específica. Desempeñará esas funciones mucho mejor, sin ninguna duda, que un político circunstancial. En cuarto lugar, es evidente su utilidad en las relaciones internacionales, porque representa los intereses permanentes de España, no sometidos al vaivén político, y va a adquirir, con el paso del tiempo, una vasta experiencia, a refinar sus buenos oficios y a elaborar una agenda de contactos. Por último, el Rey, dada su formación militar y su contacto con la milicia, es quien más adecuadamente puede ocupar el puesto de mando supremo de las Fuerzas Armadas, en tanto que un político, actualmente, ni siquiera habrá vestido el uniforme alguna vez. 

¿Qué tiene que decir, frente a los anteriores argumentos, la alternativa republicana? Nada, ya que el republicanismo en España no es tal y no se aviene a razones. Prefiere la guillotina y las rimas malas. Tengo la impresión de que hay muy pocos republicanos verdaderos, esto es, que tomen como ejemplo repúblicas como la americana, la francesa o la alemana. Sí hay, por el contrario, muchos nostálgicos del Frente Popular que proponen un retorno no ya a 1931, sino a 1936. No albergan la idea de una España republicana, sino la de una república forzosamente socialista y totalitaria: así se desprende de sus discursos, enseñas y conductas. Para ellos, el único período válido en la Historia de España es el de la Segunda República (y excluyendo de éste lo que llaman el Bienio Negro por haber gobernado la derecha). Me he topado con sedicentes republicanos que declaran que su república no sería democrática si Aznar o Aguirre ocuparan la presidencia y que habría que cerrar medios de comunicación que no comulguen con su ideología. 

Obviando a semejante caterva, que sólo usa la república para enmascarar un proyecto totalitario, y quitando otras connotaciones míticas, la forma republicana no aportaría gran cosa en la práctica. En todo caso, una poltrona política más; y, si fuera presidencialista, unas elecciones. 

Polibio expuso como constitución política óptima aquella que combina la monarquía, la aristocracia y la democracia. En España no faltan ni monarquía ni democracia. El problema radica en que falta la aristocracia. Es ahí, en consecuencia, donde debiera centrarse el debate, no en la forma de la Jefatura de Estado.

domingo, junio 01, 2014

DE LA ESPERANZA DE 2011 A LA TUMBA DE 2015

Los escalofriantes resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y las proyecciones sobre lo que puede acontecer en las próximas y cercanas citas electorales en 2015 deben llevar a formularse una pregunta clave: ¿Cuándo empezaron a torcerse las cosas en España definitivamente? Muchos dirán que en 2004 o en 2008, cuando Zapatero volvió a ganar las elecciones, y no faltarán quienes se remonten a los años de la transición.

A mi entender, no hay que ir tan lejos. El punto de no retorno fue 2011. Como certeramente mantiene Jesús Cacho, “el 20 de noviembre de 2011 fue la última oportunidad que millones de españoles, que estaban dispuestos a aceptar cualquier sacrificio, se dieron para enderezar el rumbo de una España que se había ido a pique bajo la doble presidencia de un tipo cuyo nivel de incompetencia había rebasado ampliamente la importancia del cargo”. La actuación del nuevo Gobierno desde finales de ese año fue la temprana confirmación de que esa última oportunidad iba a ser desperdiciada.

No tiene sentido repasar todo lo que ha hecho mal el Gobierno de Mariano Rajoy o qué podría haber hecho para evitar este 2014 en que, pese a la mejoría de los datos macroeconómicos, la gente de bien mira con temor el próximo año debido al auge del fundamentalismo izquierdista y del separatismo. Baste indicar que el PP se ha quedado corto en su programa reformista, ha traicionado compromisos importantes, ha asumido como propio gran parte del caduco discurso socialdemócrata y ha renunciado, como consecuencia de lo anterior, a elaborar y promover un proyecto de país alternativo.

¿Dónde quedó ese 2011? Fue un año muy duro en lo económico, pero con momentos esperanzadores. Surgieron los indignados, que pretendían suplantar la democracia liberal por un colectivismo asambleario y totalitario. Sin embargo, las elecciones municipales y autonómicas barrieron esta primera manifestación de los indignados, pues el PP obtuvo el poder en la mayoría de comunidades y municipios. Zapatero, reconociendo casi postreramente la realidad, decidió la reforma del artículo 135 de la Constitución, que, al margen del modo discutible en que fue llevada a cabo, trasladaba un mensaje claro a los mercados de austeridad y lucha contra el déficit. Y, naturalmente, el PP recibió en las elecciones generales una mayoría absoluta con la que podría reformar a fondo y no tener miedo o dudas frente a los inmovilistas.

En 2011 los ciudadanos confiaron en Mariano Rajoy y abrazaron decididamente la receta del equilibrio presupuestario, las reformas estructurales y los sacrificios. Las posteriores decepciones, así como la falta de coraje político de Rajoy y sus excesivos titubeos, malbarataron dicha confianza.

Al revés que en 2011, el populismo está ganando terreno en 2014. Aunque los resultados del pasado domingo no son trasladables tal cual a unas elecciones generales, hoy está más cerca un escenario de pesadilla que combina atomización del Parlamento y fuerte presencia de la extrema izquierda, a lo que hay que sumar el desafío de unos separatistas muy crecidos. La gravedad de la situación es insoslayable.

El único remedio reside en partidos como UPyD y Cs, que deberían aliarse con el PP en caso de emergencia. Pero tal vez no consigan reunir el número de escaños suficiente. 

El peor escenario, pues, no es una elucubración catastrofista, sino una posibilidad cierta. Me refiero a una coalición de extremistas, nacionalistas y un PSOE en las últimas dirigido por algún mediocre o sectario, como Madina, Chacón o López. El modelo a imitar entonces sería el venezolano, no sin antes conceder toda exigencia a los separatismos.

Por lo tanto, parece que España tiene ya fecha de caducidad. Será a finales de 2015, a no ser que cambie mucho la tendencia de los electores. La oportunidad de 2011 está muerta y enterrada, y no está claro que haya tiempo para corregir nuestra marcha hacia el abismo. Lo que sí sé con certeza es que todos –además del Gobierno y el partido que lo apoya-- estamos llamados a contribuir a la tarea de evitar o retrasar la fecha de caducidad de nuestro país y que cualquier esfuerzo en tal dirección será bienvenido.