Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, noviembre 30, 2014

A VUELTAS CON EL 135

Tras la reforma de 2011, el artículo 135 de la Constitución establece que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria y que el volumen de Deuda pública en relación con el PIB no podrá superar el valor de referencia que marque el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Asimismo, introduce la prioridad absoluta en el pago de los intereses y el capital de la Deuda pública. 

Dicho artículo, siguiendo el mandato constitucional, ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se regula la fijación de los objetivos, la instrumentación de los diversos principios y los mecanismos preventivos, correctivos y coercitivos que garantizan su efectividad.

La obsesión de la izquierda con este precepto roza el ridículo y la paranoia, siendo su mayor deseo suprimirlo, al entender que es una especie de dogma neoliberal. En el fondo, el artículo 135 es un baño de realidad inasumible para los que viven de engañar al electorado con paraísos a coste cero. Los problemas de financiación del sector público y la necesidad de realizar ajustes presupuestarios son reales, no van a desaparecer derogando el 135, de la misma manera que el dinero no va a crecer en los árboles a golpe de lemas pintarrajeados en un cartón. 

El PSOE ha mantenido una relación atormentada con este artículo, reformado apresuradamente (la improvisada tramitación es el mayor defecto que achacar a la reforma) a iniciativa del Gobierno de Zapatero. Ya Rubalcaba, a pesar del pacto entre PP y PSOE, se negó a apoyar la LOEPSF. Y esta semana Pedro Sánchez, que no deja de sorprender con sus ocurrencias, ha planteado una nueva reforma para completar el 135 con una mención a la financiación del Estado de Bienestar, que debe quedar blindada (¿?). Tal vez Sánchez crea que un texto constitucional puede obrar milagros, aunque, a mi juicio, lo que está detrás de este debate es la intención de vaciar de contenido y reducir a pura retórica el 135 y, sobre todo, su desarrollo legal, y todo a fin de satisfacer las urgencias electorales del PSOE, al que propios y extraños acusan de haber cometido un pecado gravísimo en 2011. 

Un cambio constitucional cuando no ha transcurrido ni un lustro desde el anterior, así como la derogación o modificación de la LOEPSF --un texto legal alabado por su calidad técnica--, constituiría un error que no perdonarían ni la Unión Europea ni los mercados; menos aún cuando el déficit público sigue siendo muy elevado y la Deuda pública se aproxima al 100% del PIB. Y sería percibido como un guiño a Podemos y sus tesis, irreconciliables con el marco europeo.  

Hace mal Sánchez en tratar de imitar a Podemos e IU, en lugar de defender la reforma de 2011 como un acierto. Al PSOE le da miedo abrazar el equilibrio presupuestario sin reservas, e identifica erróneamente la austeridad como un impedimento para el crecimiento. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera tampoco están reñidas con el Estado de Bienestar. Es justo al revés, pues son un pilar indispensable para su porvenir. De nada vale consagrar derechos sociales, prestaciones, subvenciones, etcétera, si a la postre no es posible costearlos y el Estado entra en riesgo de bancarrota. 

En 2011 critiqué la reforma constitucional empleando duras palabras. Y sigo pensando que hay que perseguir el equilibrio presupuestario y la corrección del déficit público con o sin artículo 135. No obstante, los compromisos contraídos con Europa, el imperativo que encierra y su desarrollo legal me colocan decididamente del lado de quienes se oponen a una mudanza que en nada beneficiaría a España.

domingo, noviembre 23, 2014

UN FUERTE INDEFENSO

Cuando en 1968 George H. W. Bush votó, en su calidad de congresista, a favor de la Civil Rights Act, comenzó a recibir amargas quejas e incluso amenazas por parte de los votantes de su distrito electoral (el séptimo de Houston, Texas), pues muchos republicanos rechazaban los aspectos más intervencionistas de esa legislación. ¿Qué hizo entonces Bush? ¿Se escondió? ¿Dejó pasar el tiempo? ¿Pidió perdón y alegó que no podía votar otra cosa, habida cuenta de las circunstancias? No. Lo que hizo fue explicar cara a cara a sus votantes --con un sólido discurso-- el porqué de su voto. Se enfrentó a la opinión pública, en principio en su contra, y fue capaz de convencerla gracias a sus argumentos. Al principio le abuchearon; después le aplaudieron. 

No cabe duda de que Mariano Rajoy no es Bush. Durante esta legislatura, cualquier reforma mínimamente dura o rigurosa ha sido justificada por la herencia recibida o porque no había más remedio. Rajoy se ha hartado de afirmar que no le gustaba lo que hacía, que abominaba de los ajustes presupuestarios y que su mayor deseo sería gastar tanto como en el pasado. Ha renunciado a defender un proyecto de país (más allá del objetivo genérico de crecer y crear empleo) y en sus escasas entrevistas no ha hecho sino declaraciones romas, vagas alusiones al esfuerzo realizado y a la necesidad de mirar al futuro. Las avalanchas de datos son lo más relevante de la mayoría de sus discursos. 

Pues bien, el espacio que tan a la ligera han abandonado Rajoy y los suyos, evitando confrontar y convencer a la opinión pública, es hoy campo abonado para el populismo. Tres años de vacío ideológico y aceptación pasiva del consenso socialdemócrata han propiciado la aparición de muchos ingenuos dispuestos a comprar el discurso del primer charlatán que aparezca en una tertulia.

No es la única causa que explica el ascenso de Pablo Iglesias, pero hoy quería centrarme en esa falta de coraje que ha caracterizado al PP a la hora de tomar y explicar sus decisiones. Es difícil encontrar un asunto de la vida nacional en el que lo frecuente no haya sido el titubeo, la falta de convicciones, la tibieza y la pobreza argumental, cuando no directamente la cobardía. 

Caídos los muros, es normal que otros ocupen las posiciones indefensas y se dediquen a difundir sus propias concepciones, ciertamente equivocadas y dañinas, aunque, por desgracia, cada vez más incontestables ante una opinión pública idiotizada y, aun así, temida por quienes todavía gobiernan.

Y el PP no está dando muestras de querer o saber combatir este fenómeno: sigue enviando a conspicuos subnormales a los debates televisivos y hasta el PSOE ha denunciado antes el escándalo de la beca que cobraba por no hacer nada el señorito Errejón, una beca concedida de forma poco ejemplar y casi con certeza mantenida irregularmente.

George H. W. Bush también rompió su compromiso electoral y subió los impuestos (empujado por el Congreso), pero entre él y Rajoy media un abismo, toda vez que el primero fue un hombre de acción que no se amedrentaba. Por otra parte, a Bush le derrotó Bill Clinton, no un chavista con coleta. 

El crecimiento del populismo es ya parte del legado del mandato de Rajoy.

domingo, noviembre 16, 2014

PONER LA OTRA MEJILLA NO ES LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA SEPARATISTA

El pasado domingo tuvo lugar en Cataluña un acto subversivo de la mayor gravedad. La reacción del Gobierno, que había asegurado que haría cumplir las leyes, se ha limitado a la retórica. Se aduce para justificar esta pasividad que el Gobierno ya hizo todo cuanto podía hacer. ¿Es eso cierto?

Obviamente, no. Retirar por la fuerza las urnas de cartón el mismo día de autos habría sido un disparate, sin ninguna duda; pero Artur Mas llevaba dos años anunciando su voluntad de celebrar una consulta y la fecha finalmente elegida se conocía desde hacía un año. Por lo tanto, parece que hubo tiempo más que suficiente para actuar. Al Estado no le faltan medios capaces de garantizar su soberanía y las leyes que de ella emanan en una porción de su territorio, sin tener que recurrir a los tanques o a otras soluciones maximalistas. Es la total ausencia de voluntad política la que impide la actuación, que puede ser perfectamente proporcional. 

Lo de menos es que la consulta haya sido una farsa o sainete sin garantías propio de una república bananera (y ante el cual, dicho sea de paso, caen de hinojos esos izquierdistas seducidos por el hecho diferencial catalán, como si hubieran descubierto el culmen de la democracia o fuesen rústicos que visitan por vez primera la gran ciudad). Tampoco ha de servir de consuelo la baja participación. La clave de este desgraciado asunto es que la Generalitat ha dirigido, impulsado y amparado un proceso que, pese a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, ha sido consumado exitosamente y sin consecuencias para sus responsables. Artur Mas y su banda se han burlado estruendosamente del Estado de Derecho consagrado en la Constitución española. En suma, un pésimo precedente que refuerza a los separatistas y amplía sus miras. Quien hizo un cesto, hará ciento.

¿Cuál es el plan del Gobierno, caso de haberlo? ¿Seguir acudiendo al Tribunal Constitucional y, posteriormente, desentenderse de sus resoluciones? A estas alturas ya es de sobra conocido que Mas no desea dialogar, sino imponer, y que está dispuesto a saltarse las leyes –también las del Parlamento de Cataluña-- cuando le convenga. Por su parte, los camisas negras de ERC enarbolan sin ambages la bandera de la desobediencia civil. Y la propuesta de reforma constitucional del PSOE es ridícula y tan hueca como su líder, aparte de que difícilmente solucionaría el problema separatista. 

En consecuencia, creo que cualquier escenario futuro va a ser conflictivo y que el Gobierno de Rajoy está rehuyendo la confrontación para ganar tiempo. Lo cual tendría sentido si hiciera algo con ese tiempo. Rajoy, sin embargo, sigue instalado en la abulia y no se adivina ningún gran movimiento que frene la ofensiva separatista. 

La respuesta no ha de ser únicamente jurídica, es decir, invocar la Constitución y las leyes. Hay otras muchas iniciativas que podrían adoptarse. Ahora bien, no es admisible que a algunos les baste declarar una suerte de zona de conflicto político para excluir automáticamente la aplicación del ordenamiento jurídico vigente. La Generalitat y sus autoridades, como el resto de poderes públicos, están sujetas al principio de legalidad y deben responder de sus actos. 

La declaración de independencia llegará antes o después. Quizá en 2016, cuando el Parlamento español esté fragmentado y el Estado sea inoperante o ya directamente fallido. La celebración de la falsa consulta habría sido una perfecta ocasión para poner límites al desafío nacionalista y demostrar que el Estado sigue proyectando su autoridad sobre Cataluña. Esto último, a día de hoy, es más dudoso que hace una semana.

domingo, noviembre 09, 2014

LA CORRUPCIÓN: UN ANÁLISIS SERIO

A causa del goteo incesante de escándalos y de la gravedad de muchos de ellos, se ha extendido una sensación de corrupción generalizada en España. He aquí una de las causas del auge del populismo, que echa la culpa de todo a una clase política al parecer extraterrestre. La casta es muy mala; el pueblo, un compendio de virtudes. Pero los políticos son, necesariamente, un reflejo de la sociedad. No me merecen mucho respeto los que se apresuran a presumir de ejemplaridad. 

Asimismo, es preciso contrarrestar el dramatismo en que caen muchos medios de comunicación poniendo de relieve un hecho elemental. La Justicia está actuando y hay investigaciones, procesos y condenas, de modo que el sistema funciona y es capaz de exigir responsabilidades. 

Huelga decir que la corrupción acarrea efectos devastadores para cualquier Estado. Se quebranta la idea de que los servidores públicos trabajan para el bien común y desaparece la confianza en las instituciones y partidos. 

Por otra parte, aunque algunos estudios han señalado que cierta dosis de corrupción es un mecanismo eficiente en determinadas economías para trasladar la información y abaratar costes de transacción, las consecuencias en conjunto y a largo plazo no son buenas, ya que se incorpora a las empresas que deseen participar en el proceso un coste adicional, el de comprar a los políticos o funcionarios; se puede llegar a favorecer a empresas ineficientes en detrimento de otras que podrían prestar un mejor servicio; y, en la medida en que no se compite en condiciones de igualdad y con sujeción a reglas claras, se desalienta la iniciativa privada.

Una vez reconocido el problema, hay que buscar soluciones: es aquí donde surgen las discrepancias. Los que se presentan como paladines contra corrupción –esos ungidos que están todo el día en la televisión— son los mismos cuyas recetas, de aplicarse, multiplicarían la misma. Así lo manifiesta Lorenzo B. de Quirós, quien afirma que los remedios de Podemos, esto es, “el incremento del papel del Estado en la economía y en la sociedad así como el control por el ‘poder popular’ de todos los pesos y contrapesos constitucionales al poder”, son precisamente el caldo de cultivo que incentiva conductas corruptas. 

Gary Becker argumentaba que la causa de la corrupción estriba en un sector público que dispensa favores y dádivas y del que dependen negocios privados. Así pues, la forma más eficaz de erradicarla es reducir el tamaño e influencia del Estado.  

La respuesta penal y los controles de la actuación pública (no me cansaré de resaltar la importancia de la fiscalización del Tribunal de Cuentas) también pueden contribuir, naturalmente. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es otro instrumento útil contra comportamientos irregulares, arbitrariedades y despilfarros. Y el Gobierno tiene intención de aprobar una ley orgánica para controlar mejor la financiación de los partidos políticos y una ley reguladora de los altos cargos de la Administración. 

Es de ilusos, en cualquier caso, creer que un Estado sobredimensionado y omnipotente va a estar libre de corrupción gracias al revoltijo de medidas esgrimidas por Podemos cual ungüento milagroso. Seamos serios y coherentes.