Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, febrero 22, 2015

UNA IMPORTANTE NOVEDAD: LA LEY DE LA ACCIÓN Y DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO

Al actual Gobierno, que ha cometido no pocos errores, se le ha de reconocer el mérito de haber mejorado la política exterior española, al menos respecto al tercermundismo que, con la excusa de regresar al corazón de Europa, preconizaba Zapatero (exceptuando ese mítico año 2011 en que abrazó a la OTAN). Se ha adoptado una conveniente mano dura con Gibraltar, se ha conseguido un asiento de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2015-2016 y hasta se han enviado tropas a Iraq en misión de instrucción. 

Dentro de estos empeños, cabe citar una novedad legislativa de la que comentaré sus elementos más sobresalientes. La Ley 2/2014,  de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado supone un intento de regular de forma coherente esta política y responde a la exigencia, entre otras, de “afirmar y promover los valores e intereses de España con el objetivo de fortalecer su presencia internacional y reforzar su imagen en el mundo”, tal y como reza su Exposición de Motivos.

El artículo 2.1 recoge una serie de ambiciosos principios: “La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el seno de la comunidad internacional”.

A mi juicio, el legislador ha pecado de corrección política en el apartado 2 de este precepto, dedicado a los objetivos de la política exterior. El primero de ellos es “el mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacionales”. En cambio, hay que esperar a la letra i) para encontrar una referencia a la “seguridad y bienestar de España y sus ciudadanos”. Ya se sabe que en los tiempos modernos es constante la apelación al multilateralismo, los derechos humanos, el cambio climático, Europa, etcétera, pero quizá habría que traer a colación la conocida frase de Lord Palmerston: “Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Inglaterra tiene intereses permanentes”.

Destacan también los principios rectores que enumera el artículo 3, entre los que se encuentra el clásico de unidad de acción en el exterior y el de lealtad institucional, coordinación y cooperación. El Estado tiene atribuida como competencia exclusiva las relaciones internacionales, aunque esta Ley viene a reconocer que las Comunidades Autónomas han ido ganando posiciones en la materia al hilo del ejercicio de otras competencias. Si no, no se explica ese principio de lealtad institucional, aparte de que explícitamente se pretende reconducir la situación en los artículos 11 y 12. Este último establece que la apertura de oficinas de Comunidades Autónomas en el exterior irá precedida de distintos informes y que el Gobierno impulsará la instalación de estas oficinas dentro de los locales del Servicio Exterior del Estado. 

Por último, y como no podía ser de otra manera, se contemplan en la Ley los instrumentos de planificación (a la Administración le encanta elaborar planes con listados muy extensos), que son la Estrategia de Acción Exterior (art. 35) y el Informe Anual de Acción Exterior (art. 37).

domingo, febrero 15, 2015

EL PIB NO ES SUFICIENTE PARA LOS QUE PROMETEN EL PARAÍSO

El Premio Nobel Joseph Stiglitz ha puesto en duda la validez del PIB como indicador para medir la economía de un país, aduciendo que no tiene en cuenta la distribución de la riqueza y que no mide elementos como la felicidad (sic). Esta tesis, expuesta en El precio de la desigualdad (Taurus, 2012), ha sido recibida por alborozo por los progresistas, que la han incorporado a su discurso de forma algo tosca.

Bajo este planteamiento late la mala conciencia de una izquierda cuyas políticas han fracasado allí donde se han aplicado. Al mismo tiempo, la extensión del capitalismo ha dado lugar a un crecimiento espectacular de los países emergentes. Es comprensible que quienes hablan de repartir la riqueza pero no saben cómo crearla afirmen que el PIB no refleja el bienestar de un país. Sus recetas sólo traen miseria, pero si es igual para todos darán por bueno el resultado, ya que ha aumentado la igualdad y las envidias de los resentidos se han visto aplacadas. 

Si en una economía hay tres individuos pobres y dos ricos, y de estos últimos uno se arruina y el otro se va del país como consecuencia de las políticas del Podemos de turno, habrá más igualdad. ¿Alguien puede argumentar que los pobres están mejor que antes? ¿Tienen ahora más oportunidades reales? La desigualdad no es mala per se

Por otra parte, cuando se desprecia el PIB es porque se intenta otorgar una mayor importancia a elementos tan etéreos como la misma igualdad, la dignidad, la felicidad, la justicia social… Conceptos difíciles de cuantificar y que pueden ser manipulados por los políticos con más facilidad que unos fríos datos. El PIB de Venezuela, bajo el chavismo, ha crecido menos que el de sus vecinos. Ahora bien, Stiglitz estará satisfecho de que se haya creado allí un Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo. ¿Es eso lo que le importa a la gente? 

Parece que no. Los individuos --ya lo decía Adam Smith-- aspiran a mejorar su condición. Una economía prosperará si hay una clase media fuerte y se dan las condiciones necesarias para la movilidad social, en tanto que si se intenta imponer la igualdad,  se dificulta la creación de riqueza y se penaliza el éxito lo que se obtendrá será un país de perdedores. 

No es otro el objetivo de Pablo Iglesias. Su pretensión es ejercer el poder sobre un país arrasado, aislado y empobrecido, con un inmenso número de personas dependiente de las dádivas de los poderes públicos y en el que pueda llenar sus discursos de referencias grandilocuentes a la igualdad, los derechos sociales, la dignidad de los de abajo (que irán siendo y más y más y caerán cada vez más bajo), etcétera. Ni el más ferviente seguidor del Mesías puede creer que en una hipotética España gobernada por Podemos sería fácil enriquecerse. 

El PIB no lo es todo. También cuentan la protección de los derechos humanos, la estabilidad institucional… No obstante, no lo cambiaría por la charlatanería de los que sólo saben de rencor social.

En las campañas venideras, cuando el PP presuma de datos económicos va a recibir como respuesta que eso no vale porque hay mucha desigualdad  y una acumulación de riqueza inmoral. ¿Estará preparando la réplica o va a seguir, como hasta ahora, en la inopia?

domingo, febrero 08, 2015

SOBRE LA LOMCE

Se suele decir que España es un país en que abundan las leyes y regulaciones porque, históricamente, los políticos han medido sus éxitos según las páginas del BOE que han sido capaces de llenar. Ningún partido en el poder ha escapado de esa tentación, que, además, permite suplir otras carencias, es decir, se aprueba una ley, con la consiguiente dosis de pompa y espectáculo, pero a la postre no se ponen los medios para que se cumpla o, peor aún, su deficiente calidad aboca a un empeoramiento de la situación regulada, pese a las buenas intenciones del legislador.

Es el caso de las leyes educativas: España puede presumir de un buen puñado de ellas, pero los buenos resultados no siempre han acompañado. Aunque no sería justo decir que todo está mal en la educación pública española, pues se ha logrado la plena escolarización y hay numerosos centros que intentan prestar un servicio de calidad, los informes internacionales sitúan a España por debajo de la media de los países desarrollados en muchas materias y las tasas de abandono y fracaso son altas.

Una lacra de la educación española ha sido, sin duda, su ideologización. La izquierda cree que la educación es su coto privado, por lo que cualquier intento de reforma no aprobado por ella ha sido contestado, atacado, vituperado y desmontado a toda prisa. Así las cosas, todas las leyes educativas son socialistas, a excepción de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que persigue, según su Exposición de Motivos, convertir la educación “en el principal instrumento de movilidad social”, ayudar a “superar barreras económicas y sociales” y generar “aspiraciones y ambiciones realizables para todos”.

La LOMCE introduce pruebas de evaluación final para obtener el título de graduado en ESO y el de Bachillerato; confiere mayor importancia a las asignaturas troncales; elimina Educación para la Ciudadanía; crea nuevas modalidades de formación profesional; otorga más poder al director del centro… En suma, nada que justifique tanto revuelo como ha habido.

¡Pero es que con los tótems de la izquierda no se juega! Enseguida aparecieron las consignas, los lemas sobados... La LOMCE es elitista, el Gobierno quiere privatizar la educación, la equidad se va a resentir, la solución a todos los males es gastar más, etcétera. Es sumamente bochornoso que la izquierda abrace la mediocridad y presuma de su odio al mérito. En mi opinión, hay que ayudar al rezagado, pero sin que ello suponga lastrar o desatender al que se esfuerza más.

Otra reflexión que trae consigo la LOMCE atañe al funcionamiento del Estado autonómico. Hay varias comunidades (Andalucía, Cataluña y País Vasco) que se están resistiendo a su implantación mediante diversas artimañas, de forma que parece que el Estado ya ni siquiera es capaz de asegurar el respeto a la legislación básica. Ello plantea serias dudas sobre el alcance de futuras reformas, toda vez que prevalecen intereses partidistas o el aldeanismo nacionalista.

domingo, febrero 01, 2015

UNA ALIANZA PERJUDICIAL PARA EL INTERÉS PÚBLICO

Una importante aportación de la Public Choice School es el Modelo de Niskanen, que señala que los burócratas adoptan un comportamiento tendente a maximizar su presupuesto, para lo cual intentan exagerar la importancia de los servicios que producen o gestionan y obstaculizan reformas que impliquen un ahorro en sus departamentos. 

Ejemplo de lo acertado de este planteamiento es el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), que presiona desde tiempos inmemoriales para que se refuercen las prerrogativas y aumenten los efectivos de la Agencia Tributaria. La finalidad no es la lucha contra el fraude fiscal o mejorar la gestión tributaria; es más bien el interés puro y duro de los técnicos, que desean pasar del grupo A2 al A1 sin pasar por la oposición. El Modelo de Niskanen explica igualmente las dramáticas e increíbles cifras de fraude fiscal que este sindicato suele lanzar al público con la intención de predisponerlo a reformas que favorezcan la posición de sus miembros. 

Aquí se halla la clave del romance que Gestha mantiene con Podemos. El partido del Mesías se ha comprometido a llevar a cabo sus propuestas (entre otras, la creación de un número imposible de plazas de inspectores) si llega al poder. A modo de contraprestación, Gestha avala las tesis fiscales de Podemos (o, mejor dicho, sus lemas y consignas baratas sobre fiscalidad). No es raro encontrar a portavoces de este sindicato perorando en algún programa de La Sexta… Y Pablo Iglesias habla de los “técnicos de Hacienda” como si fueran seres infalibles con autoridad suprema en materia tributaria.

Esta relación ha ido incluso mas lejos cuando ha salido a la luz la sociedad interpuesta que Monedero utilizó para cobrar de Venezuela tributando al 25% del IS en lugar de al tipo mucho mayor del IRPF. En vista de las anteriores consideraciones, no sorprende que Gestha, normalmente implacable con la evasión y la elusión fiscal, haya defendido al insospechado experto en política monetaria que ha resultado ser Monedero. Do ut des.

Los inspectores de Hacienda han calificado de “barbaridad” el plan conjunto de Podemos y Gestha, expresando “sólo obedece a la obsesión que tiene este sindicato --Gestha-- por conseguir mejoras económicas en su colectivo intentando que todos los técnicos se conviertan en inspectores sin superar la correspondiente oposición”. Sin embargo, los medios progresistas sólo se hacen eco de las declaraciones de Gestha.

Los funcionarios, en especial en países con una sociedad civil débil y un sector privado acomplejado, son muy hábiles a la hora de disfrazar de interés general el suyo propio. Se ha comprobado en Grecia, donde su clase funcionarial se ha opuesto a todos los recortes y ha conseguido que sus privilegios sean percibidos por la opinión pública como irrenunciables.

Por supuesto, hacen falta funcionarios en las cantidades adecuadas, bien retribuidos y con la consideración debida, dadas las cruciales tareas que realizan. El peligro aparece cuando políticos y funcionarios se alían no en aras del interés general, sino con el propósito de apoyarse mutuamente en sus respectivas causas.