Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, febrero 14, 2016

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS NORMAS EN LAS NUEVAS LEYES ADMINISTRATIVAS



En un artículo titulado “Mejores leyes y mejor conocidas” (Nueva revista de política, cultura y arte, Nº 154, 2015), Jaime Pérez Renovales, uno de los autores intelectuales de la reforma de la Administración española iniciada en 2013, identifica cuatro problemas en relación con la regulación en España: 1) demasiadas normas; 2) necesidad de mejorar la participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas; 3) las reglas que miden el impacto normativo (Real Decreto 1083/2009, de 23 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo) adolecen de ciertos defectos; 4) no existe una forma de evaluar las normas ex post tomando como referencia lo afirmado en la memoria.
 
Así las cosas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incorpora una serie de novedades dirigidas a mejorar la producción normativa y, en consecuencia, la calidad de las normas. 
 
El artículo 129 enuncia los llamados principios de buena regulación en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), cuya concurrencia ha de quedar justificada en las exposiciones de motivos o preámbulos de los proyectos de normas. Estos principios, ya presentes en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, son prueba de buena voluntad, pero su control es difícil en la práctica. 
 
A pesar de ello, la LPAC establece una evaluación periódica de la normativa vigente que habrán de llevar a cabo las Administraciones públicas “para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas” (art. 130.1).
 
Es de destacar, asimismo, la planificación normativa prevista en el artículo 132. Las Administraciones públicas, con carácter anual, estarán obligadas a divulgar un Plan Normativo que recoja las iniciativas legales o reglamentarias cuya aprobación se pretenda para el año siguiente. 
 
Se han introducido diversos y relevantes cambios en lo tocante a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. De conformidad con el artículo 133.1 LPAC, la consulta pública se realizará antes de la elaboración del texto. En opinión de Pérez Renovales, el antiguo trámite de audiencia recogido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, “se materializa sobre un proyecto ya redactado, cuya estructura es muy difícil de cambiar por fundadas que sean las críticas de los futuros destinatarios de la norma”. De ahí que ahora se establezca una consulta previa.
 
Por otra parte, la Ley del Gobierno ha sido modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que ha regulado una entrada en vigor común de determinadas normas: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación” (art. 23).
 
Por último, se ha atribuido al Ministerio de la Presidencia la elaboración de un informe anual de evaluación que verifique el cumplimiento de las normas antedichas (art. 28).
 
Debo decir que se trata de novedades dignas de loa. Mas, como ha indicado Santamaría Pastor, quizá demasiado ambiciosas, por lo que él se daría por satisfecho con que se cumpliese una mínima parte. A buen seguro los políticos (y más aún los cazurros que vienen) harán caso omiso de estas buenas prácticas normativas o las pervertirán y seguirán cómodos en una diarrea legislativa ya muy alejada de toda racionalidad.