Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, mayo 29, 2016

¿HAY VIDA MÁS ALLÁ DE LA IZQUIERDA?



Hace ya tiempo que vengo sosteniendo —y sé que no soy original— que el PP ha abandonado cualquier tipo de batalla ideológica para centrarse en los detalles o aspectos técnicos de la gestión, permitiendo que sea la izquierda la que continuamente marque la agenda de los problemas públicos y las eventuales soluciones a aplicar. 
 
La increíble pereza intelectual de Rajoy es una de las causas de lo anterior, pero también el miedo del PP a confrontar ideas con la izquierda. En asuntos como el aborto, la educación, la crisis de los refugiados y tantos otros, el PP se limita a practicar un vergonzante seguidismo de lo que opinen los partidos progresistas, si acaso introduciendo algún matiz, leve corrección o queja remilgada. 
 
Los ejemplos abundan. Margallo, cuya estulticia no conoce límites, declaró que “nos hemos pasado cuatro pueblos en el tema de la austeridad”. Los objetivos de déficit impuestos por Bruselas, nunca cumplidos, le parecen excesivos a este rancio personaje, que desea derrochar como en el pasado. Poco antes González Pons había revelado su admiración por Pablo Iglesias, quien mantiene una opinión menos amable sobre los políticos del PP. Y Cifuentes dijo que Escolar le parecía un buen periodista, lamentando su salida de la SER. El mismo periodista que ha dedicado su carrera a intentar destruir el PP y maniatar y deshonrar a sus votantes. El PP es un partido que intenta que le perdonen la vida los que le van a apalear haga lo que haga. 
 
Tampoco Ciudadanos se resiste a los embelecos izquierdistas. Albert Rivera se ha adelantado a Iglesias en hacerse la foto entre unas tiendas de refugiados en Grecia y afirmar que España debería liderar la acogida. Una impresionante bobada que pone de relieve no sólo un enorme oportunismo, sino también una preocupante falta de personalidad propia. No me sorprendería que tales declaraciones se las hubiera dictado el de la coleta. Quizá Rivera, tan buen chico y centrista él, tema que las hordas rojas le acusen de xenófobo o fascista. 
 
Y hace nada, con motivo de la carta que Rajoy envió a Bruselas explicando que adoptaría nuevas medidas para reducir el déficit público (España está sometida a un procedimiento por déficit excesivo), de inmediato el PP matizó lo que eso significaba. Soraya aseguró que no se trataría en ningún caso de recortes, sino de reformas “con presupuesto” para lograr un “crecimiento sostenible”. Es decir, la misma receta fracasada de Zapatero y su fallido Plan E.
 
Se ha llegado a un extremo en que el PP no se atreve a hablar de recortes, reducción del gasto público o austeridad. Antes al contrario, presume de gasto social. El discurso izquierdista, contrario a todo lo que ponga coto a la expansión del Estado, se ha impuesto de forma abrumadora. En la política española, nadie tiene el valor de cuestionar la sostenibilidad de un Estado grande y costoso. Lorenzo B. de Quirós lo ha identificado el problema con acierto: “La única diferencia real entre la derecha, el centro y la izquierda hispánica es cuánto es posible aumentar el peso del Estado en la economía española sin que ello lleve a las finanzas públicas a la quiebra”.    
 
A la pregunta que da título a este artículo respondería que sí, sin asomo de duda. Hay ciudadanos corrientes, pensadores, periodistas… Todos hartos de las mentiras y falacias de la izquierda. Pero faltan políticos. Una buena parte de la ciudadanía está huérfana de líderes y representantes que se atrevan a defender posturas distintas. ¿Hasta cuándo?

domingo, mayo 01, 2016

ÉTICA Y EJEMPLARIDAD DE LOS ALTOS CARGOS


La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, se aprobó con el loable propósito de que “el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas”. Y, a decir verdad, es una norma más exigente que su antecesora, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

La Ley 3/2015, tras enumerar quiénes tienen la consideración de altos cargos (art. 1), establece la idoneidad como requisito novedoso en el nombramiento los mismos (art. 2). Dicha idoneidad es la suma de honorabilidad, formación y experiencia. Como es obvio, la honorabilidad no es un concepto objetivo, así que la norma se ocupa de señalar los casos en que no concurre la honorabilidad (en condenados por sentencia judicial firme por determinados delitos, inhabilitados conforme a la Ley Concursal, inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público, mientras dure la sanción…). También se dispone que la honorabilidad “debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones”, siendo su pérdida causa de cese. 

Asimismo, el artículo 3 recoge los principios que debe observar el alto cargo en su actuación (interés general, integridad, objetividad, transparencia y responsabilidad, austeridad). Se introducen, por otra parte, diversas novedades, como el reforzamiento de la Oficina de Conflictos de Intereses (art. 19), el sistema de alerta temprana para la detección de conflictos de intereses (art. 12) y el procedimiento de examen de la situación patrimonial del alto cargo cuando cesa en el ejercicio de sus funciones (art. 23). 

Respecto a las participaciones en empresas, el régimen previsto en el artículo 14 es similar o idéntico al de la Ley 5/2006. Donde sí hay una innovación relevante es en lo tocante a las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese (cooling off period), pues al supuesto ya contemplado en la normativa anterior (durante los dos años siguientes al cese el antiguo alto cargo no podrá trabajar para entidades privadas afectadas por decisiones en las que haya participado) se une una limitación más estricta para los altos cargos de organismos supervisores o reguladores, que durante dos años no podrán prestar servicios en entidades que hubiesen estado bajo su supervisión, con independencia de si fueron afectadas por una decisión (art. 15).

La Ley 3/2015 intenta, con medidas concretas, contribuir a la ética pública y a la ejemplaridad de los altos cargos. Lo cual es, a todas luces, una demanda ciudadana más que constatada. Sin embargo, el Gobierno apenas ha hablado de ella. Dado que la ambiciosa Ley 19/2013 parece ya pasto del olvido, creo que en España bien el Gobierno no sabe explicar sus políticas, bien la opinión pública y los medios no están tan interesados en realizaciones concretas y medibles cuanto en escándalos varios y el griterío de patio de vecinos. Quizá se trate de ambas cosas. Pero, contra lo que nos quieren hacer creer Iglesias y su buque propagandístico, La Sexta, España no es Somalia.  Hay leyes que merecen ser reivindicadas.